El Pacto Eléctrico, discutido por diversos sectores de la vida nacional y en espera de ser firmado, ataca la carencia de sostenibilidad financiera del sistema eléctrico, lo cual se traduce en una pesada carga para el Estado y en restarle recursos a la labor del Gobierno para invertir en otras áreas del desarrollo económico y social, de acuerdo con la Asociación de Usuarios no Regulados del sistema eléctrico nacional, que indicó que esa idea forma parte de los planteamientos que hizo en las discusiones y que fueron aprobados.
La entidad agregó que esa propuesta se debe a que las políticas de subsidio global, las altas perdidas por no cobranza de toda la energía puesta en las líneas de distribución y la pobre gestión de las empresas distribuidoras se plantean y se asumen metas, procesos de solución y compromisos dentro del Pacto Eléctrico.
Ricardo Bonetti hizo el planteamiento al presentar las memorias de su gestión al frente de la entidad, en el acto en el cual Miguel Ángel Múñiz fue juramentado como nuevo presidente.
Bonertti planteó que el Pacto asume la gradualidad en el desmonte del subsidio generalizado y decide que éste se mantenga bajo el criterio de ser focalizado hacia las personas que más lo necesitan y plantea metas claras de reducción de pérdidas por parte de las distribuidoras.
De igual modo, mantiene la independencia del regulador del sistema, la Superintendencia de Electricidad y coloca en el Ministerio de Energías y Minas el rol de hacedor de políticas y planificación del sector.
En la Junta Directiva, además de Múñiz, estarán presentes Ricardo Bonetti, Joel Santos y José Tomás Contreras.
Además William Keesee, Bernardo Espínola, Flavio Rodríguez, Celso Juan Marranzini. Como directores: Mauricio Haché, Rafael Burgos, Juan Rozón, Ricardo Koenig, Aquiles Bermúdez.
También forman parte de la directiva Polibio Schiffino, Ana Ysabel Acosta, Circe Almánzar y José Manuel Torres.
UN APUNTE
Reduicir pérdidas
En lo que se refiere a las pérdidas que sufren las empresas de distribución de electricidad en el proceso de comercialización, los usuarios no regulados plantean como meta la reducción hasta un 15% en los próximos cinco años.
El Nacional