Carecería de toda legitimidad social la firma de un pacto eléctrico que no incluyera una reforma sustancial del actual sistema de tarifas del servicio. Todos los sectores sociales han cuestionado desde hace tiempo un aspecto u otro de la estructura de la tarifa eléctrica, así como la evidente manipulación en su aplicación práctica.
Voceros del propio Gobierno tienden a justificar el subsidio eléctrico alegando un “déficit tarifario”. Para cuantificar dicho déficit los funcionarios calculan la diferencia entre dos tarifas extrañas e ilegitimas – la llamada “tarifa aplicada” y una tal “tarifa indexada”-. En realidad, ninguna de las dos se fundamenta en una evaluación técnica de costos, y por consiguiente nadie sabe con certeza si el referido déficit se origina en la tarifa o en otros sumideros del sector. Por ejemplo, una observación breve de los dos cuadros comparativos que se incluyen en este artículo daría pistas claras de esos sumideros.
Ahora bien, lo que nadie duda es que el retraso en la actualización y reforma del régimen tarifario ha sido muy largo y ni el Pacto Eléctrico ni el Gobierno pueden ignorarlo.
Tarifa Técnica
Una de las promesas de las reformas de los mercados eléctricos fue la despolitización de la fijación de precios de la energía y, de paso, la reducción hasta la irrelevancia del subsidio estatal.
Como el sistema eléctrico es complejo, las tarifas tienden a determinarse a partir de estudios de costos eficientes de producción y servicios, realizados por firmas de especialistas en el ramo.
En la República Dominicana, la ley de electricidad – octubre 2001 – establece que la tarifa eléctrica que se debe aplicar a todos los clientes regulados del sector es la tarifa técnica. Disposición que ningún gobierno ha cumplido en los 15 años de vigencia de la ley.
Con lo que si han cumplido los superintendentes es con la contratación cada cuatro (4) años de firmas internacionales para los estudios de costos del sector y la elaboración de una tarifa técnica que nunca se aplica. Por ejemplo, en el 2003 la Superintendencia de Electricidad (SIE) presentó al país un detallado estudio tarifario realizado por la firma internacional PA Consulting; luego, en el 2007, dicho estudio fue actualizado por otra investigación a cargo de la misma firma.
En el 2011, la consultora chilena INECON, realizó otro estudio nacional de costos para la determinación de la tarifa técnica del sistema a la fecha y, finalmente, esa tarifa fue nuevamente actualizada por una segunda investigación de costos cuyo informe fue presentado por INECON a la Superintendencia en abril de este año, 2016.
En resumen, hemos tenido cuatro propuestas de tarifa técnica para el servicio eléctrico, tal y como lo indica el artículo 115 de la ley de electricidad. Cada estudio ha sido pagado y recibido por la Superintendencia, presentado a las empresas del sector y al público, pero ninguno ha sido aplicado; en su lugar, el Gobierno ha preferido mantener una tarifa eléctrica, calculada al “ojo por ciento”.
Según referencias de algunos testigos, esos estudios – que no solo eran sobre tarifa – le habrán costado al país más de un millón y medio de dólares ($US 1,500,000).
La nueva tarifa
La tarifa técnica que se propone hoy incluye, entre otros, dos puntos destacados, a saber, la implementación de una tarifa plana que eliminaría la diferencia de precio por nivel de consumo y que, por consiguiente, acabaría también con el subsidio cruzado a favor de los hogares de bajo consumo y, por otro lado, el precio del kilovatio hora residencial de baja tensión seria de $RD 7.31.
Esa propuesta implicaría que un hogar que consume 300Kwh/mes y que paga a $RD 4.44 por Kwh, con la tarifa técnica la pagaria a $RD 7.31 el Kwh, lo que le representaría un aumento de 83% en su factura mensual, sin incluir el costo fijo. En esencia, la propuesta de INECON significaría una brusca subida de tarifa para los consumidores de menos recursos y una gran reducción para los clientes de elevados ingresos.
Conviene aclarar que la tarifa propuesta se basa en una determinación técnica de los costos operacionales de una empresa distribuidora eficiente, teórica o modelo, que operaria en cada región, lógicamente no es la empresa real. El uso de una empresa teórica modelo para simular las posibilidades de una real, es una vieja metodología de regulación de empresas de servicios públicos desarrollada en Chile a inicio de los 80s. Así las cosas, la tarifa técnica seria financieramente sustentable solo si las distribuidoras reales funcionasen con, por ejemplo, mínima perdidas no técnicas, mínima nomina, optima contratación de proveedores y sostenidas inversiones en infraestructuras.
Hay enormes diferencias de costos operacionales entre las distribuidoras dominicanas reales (EDENORTE, EDESUR y EDEESTE) y las correspondientes distribuidoras eficientes propuestas por INECON para cada demarcación geográfica..
Los desmontes de gastos que habría que hacer en nuestras reales distribuidoras serian traumáticos para cualquier gerencia, y si no lo cree; ¡pregúntele a EDESUR!
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