Despojar a las empresas generadoras de la exención impositiva para la compra de combustibles es una movida que podría repercutir en incrementos significativos tanto de la tarifa como del cuantioso subsidio estatal al sector eléctrico.
De acuerdo con Bernardo Castellanos, especialista en temas del sector eléctrico, la adopción de una medida de este tipo conllevaría un aumento cercano al 20% de la tarifa a los usuarios, y de hasta US$500 millones adicionales del subsidio a las distribuidoras.
Castellanos refiere que para el 2016 la factura a pagarse a las plantas generadoras se proyecta en unos US$1,300 millones, según las estadísticas a junio de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Señala que asumiendo que las exenciones relacionadas con el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los hidrocarburos ascenderían, según las estimaciones oficiales, a unos US$445 millones, tendríamos que las mismas “representan en números redondos el 34% de la facturación total” de esas empresas proyectada para este año.
Estima, en este sentido, que de eliminarse este incentivo, la facturación de los generadores privados a las distribuidoras aumentaría en más de lo que representa dicha exención, “pues el monto de US$445 millones es costo, y cuando ese costo se transforme en precio, el monto (de la factura) a las distribuidoras superará los US$500 millones” anuales.
Posibles escenarios
Además, “estadísticamente está demostrado que cada vez que se sube la tarifa, las pérdidas y evasión aumentan”, añade Castellanos. “Así que si el Gobierno decidiera eliminar las exenciones tributarias a los combustibles utilizados para generar electricidad, no sería temerario especular que las pérdidas –que actualmente rondan el 35%- se dispararían en un monto cercano al 40%”.
Considera, por tanto, que traspasar a la tarifa los US$500 millones adicionales que deberán pagar las EDE por la compra de electricidad, significa que la misma subirá en alrededor de un 20% para todos los clientes registrados de estas empresas.
Añade que el 40% de ese monto (US$500 millones) equivale a unos US$200 millones adicionales en pérdidas, que el Gobierno tendría que cubrir con un incremento del subsidio directo al sector.
En cambio, si decide no traspasar el aumento tarifario a los clientes, entonces el subsidio adicional como consecuencia del incremento del precio de compra de energía de las distribuidoras a los generadores, “se incrementaría en unos US$500 millones” al año.
Castellanos apunta que estas cifras están asociadas a u precio bajo del barril del petróleo inferior a los 50 dólares. Partiendo de esto, “en la medida que el precio aumente, mayor será el monto de la facturación adicional y mayores serán las pérdidas y el déficit financiero de las EDE, y mayor el subsidio que el Gobierno tendrá que otorgar, para mantener un precario servicio de energía, que tan solo abastece entre el 65% y 70%” de la demanda.
El experto razona que el de las exenciones “es un tema muy sensible, explosivo y con consecuencias muy fuertes sobre la sociedad en caso de que el Gobierno decida llevarse” de sus asesores.
“Es muy fácil para los economistas del Gobierno, sentados en lujosas oficinas y cómodas yipetas, teorizar sobre eliminación de exenciones”, sin analizar en detalle las consecuencias de esas medidas, ni referirse a reducir gastos corrientes excesivos, indica.
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