“Sin electricidad no hay desarrollo, es así de sencillo”.
Con esta frase sobre el tema eléctrico se inauguró Danilo Medina como
presidente de la República, en agosto de 2012, en un discurso en el que declaró
al sector eléctrico de “alta y estratégica prioridad para el desarrollo
económico nacional”.
Prometía enfocar su ruta de trabajo en tres ejes: reducir
las altas pérdidas en las distribuidoras, generar a más bajo costo y la
regulación e institucionalidad del sector.
Se comprometió, además, a concertar un “gran pacto social”,
que incluía, entre otros, el pacto eléctrico, el cual buscaba “poner fin” a
este eterno problema de los apagones que afectan la economía y la calidad de
vida de la población.
Sin embargo, a ocho años de esas promesas, la reforma
integral del sector y la superación de las “trágicas deficiencias” será uno de
los grandes retos de quien asuma la Presidencia a partir del próximo 16 de
agosto.
Desde 2012, incluso desde antes, el Estado apoya proyectos
de energías renovables para reducir la dependencia de los combustibles
contaminantes.
Durante sus dos gestiones, Medina impulsó la construcción de
la Central Termoeléctrica Punta Catalina, en Peravia, un proyecto cuestionado
por la supuesta sobrevaluación en el proceso de licitación del proyecto
ejecutado por la compañía brasileña Odebrecht.
Balance al sector en los últimos ocho años
Al pasar balance a su gestión de Gobierno, durante su última
rendición de cuentas en febrero de 2020, Medina destacó que antes de 2012, la
capacidad de energía instalada en el país era de 2,998 megavatios y para enero
de 2020 alcanzaba los 4,850.
“Producir casi 2,000 megavatios más, significa que ahora hay
1,875,000 familias que reciben energía eléctrica las 24 horas, o sea, un 130%
más de hogares con electricidad 24/7 que en 2012”, dijo.
Ponderó que Punta Catalina aporta 756 megavatios, “con la
tecnología fósil más limpia y eficiente del país”. “Por eso, no exagero cuando
digo que Punta Catalina marca un antes y un después en el país”, manifestó
Medina.
De acuerdo al Gobierno, Punta Catalina costó US$2,350
millones, aunque la oposición política insiste en que su costo supera los
US$3,000 millones.
Medina resaltó, en su discurso del 27 de febrero, que antes
de 2012 en República Dominicana se generaban 33 megavatios con fuentes limpias
y prometió llegar a un 25% de la matriz de generación de renovables. A la fecha
se produce, dijo, 18 veces más energía limpia que cuando llegó al Gobierno.
“¡Al día de hoy podemos estar orgullosos de decir que
generamos 604 megavatios de energía verde! Si a eso añadimos los 626.5
megavatios que aportan las hidroeléctricas, esto suma en total 1,230.5
megavatios de capacidad instalada, que equivale a más del 25% de generación de
energía renovable”, agregó.
Esta transformación representa un ahorro anual de hasta
US$1,000 millones, debido a que el país ya no depende tanto del petróleo como
antes.
Luces y sombras
Para Bernardo Castellanos, experto en energía eléctrica, los
ocho años (2012-2020) de gobierno de Medina tuvieron más “sombras” que “luces”,
en el sector eléctrico, siendo a su juicio la única parte positiva la
agilización de los permisos y aprobaciones de proyectos de generación de
energía renovable.
Esto, dice Castellanos, ha permitido la instalación de más
de 600 Mw de energía limpia, “todo realizado por el sector privado”.
Entre los desaciertos, Castellanos señala la falta de
transparencia en la construcción de Punta Catalina, incremento “exorbitante” de
los gastos corrientes y empleomanía de las distribuidoras.
“Pasando de la empleomanía de las tres distribuidoras de
6,446 empleos fijos en agosto del 2012 a 8,763… esto cuando al mismo tiempo la
mayoría de los servicios que ofrecen estas distribuidoras a los clientes, están
subcontratados con empresas externas”.
Agrega que, según un estudio de Inecon, de julio de 2016,
las tres empresas podrían administrarse de manera eficiente y racional con
1,834 empleos fijos.
Sin embargo, dice, a febrero de 2020 contaban con 6,929
empleos fijos. Es decir, más de tres veces la cantidad que requieren. En lo
relativo al gasto corriente de las distribuidoras, Castellanos dijo que aumentó
de US$627 millones en 2012 a US$783 millones en 2019, mientras que el estudio
recomienda US$102 millones para su operación eficiente.
En tanto, para Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la
Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), uno de los grandes
logros de la industria es la incorporación de nuevos parques de energía
renovable que, además de contribuir a la ya mencionada diversificación de la
matriz, contribuyen con la protección del medio ambiente.
“Gracias a los esfuerzos del sector privado, con apoyo del
Gobierno, en 2019 el país aumentó la participación de energías renovables no
convencionales dentro del pastel de generación, alcanzando un valor de un 7% de
toda la producción eléctrica, que hasta hace unos años era prácticamente
inexistente”, expresa.
Indicó que el país cuenta con unos 557 megavatios de
producción de energías renovables no convencionales a gran escala y en los
próximos meses ingresarán al sistema eléctrico dominicano otros 170 megavatios
de energía con los nuevos proyectos Bayasol y Girasol. Toda esta labor, asegura
Cabral, ha reducido los precios de venta de energía de las empresas generadoras
a las distribuidoras.
Retos para el próximo Gobierno
Respecto a los retos pendientes, Cabral indicó que el sector
generador de electricidad ha trabajado durante los últimos años en la
modernización de esta área con lo cual puede exhibir grandes logros, pero
entiende que aún hace falta mejorar en el área de distribución.
“La ADIE siempre ha mencionado la reducción de las pérdidas
de energía como una necesidad para una gestión eficiente, estas pérdidas se
sitúan en valores cercanos al 30% a pesar del nivel de inversión que mantienen
las empresas públicas de distribución”, recordó Cabral.
Entre los retos, de acuerdo al ejecutivo de la ADIE, figuran
mejorar la gestión de las distribuidoras para que sean financieramente
sostenibles, planificación a largo, medio y corto plazos para evitar que
situaciones predecibles afecten el servicio que la población recibe y buscar
mecanismos para que los avances alcanzados en los niveles de producción de
energía, como la reducción de los precios de generación, puedan trasladarse a
los usuarios en el punto de comercialización.
“Otro reto que, a nuestro juicio, está pendiente de abordar
desde hace mucho tiempo, es el fortalecimiento institucional con cada ente del
sector eléctrico, especialmente en la esfera pública, jugando el rol que le
asigna la ley”, señaló Cabral.
Mientras, para Castellanos los desafíos son amplios.
Considera que el próximo presidente de la República deberá aunar esfuerzos para
que la propiedad de la Termoeléctrica sea 100% estatal y que su administración
y operación “bajo contrato” sea por una empresa privada especializada.
Asimismo, eliminar el rol intermediario de la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) entre los generadores y las
distribuidoras, debido a que la misma, asegura Castellanos, “es una franca
violación a la Ley General de Electricidad”.
Cita la importancia de eliminar la exoneración de impuestos
a los derivados de petróleo para fines de generación eléctrica (fueloil 6 y
fueloil 2 o diesel), tanto para los generadores que venden su energía al
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), como para las organizaciones
y instituciones que han sido favorecidas con exoneraciones.
Pese a los avances que pudiera ostentar la gestión de Medina
en el área eléctrica, tanto Castellanos como Cabral entienden que falta mucho
por trabajar si se quiere seguir eficientizando el sector, pero para ello la
planificación es fundamental.
“La industria eléctrica privada ha estado siempre
comprometida a trabajar por el desarrollo del país de la mano con el Gobierno
de turno”, apuntó Cabral.
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