En los próximos seis años, las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) deberán reducir sus pérdidas en más de 18 puntos porcentuales, con respecto al nivel actual, según consigna el Reglamento del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, firmado por el presidente Luis Abinader el pasado 15 de octubre, pero dado a conocer el reciente domingo.
El documento consigna que las EDE irán reduciendo gradualmente su nivel de pérdidas desde 27 % en 2021 (cifra que en el trimestre abril-junio de este año se ubicaba en 33.4 %) hasta 15 % en 2026, lo que implicaría una disminución de 18.4 puntos porcentuales.
El miembro del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), José Luis Moreno San Juan, manifestó que es posible que las empresas distribuidoras logren cumplir la meta, aunque refirió que depende de un plan de gestión de pérdidas y una campaña educativa.
Moreno San Juan consideró que un plan de reducción de pérdidas lo primordial que debe incluir es la regulación de consumidores que no tienen medidor, y afirmó que en el país hay más de un millón de usuarios del servicio eléctrico sin contadores.
“Se debe hacer una campaña de educación para que la gente entienda que debe pagar por ese servicio. Tienen que hacer un plan de gestión de pérdidas que en ese período de tiempo (seis años) consiga reducirlas hasta un 15 por ciento, que es el promedio. Yo creo que se puede (lograr)”, declaró.
El reglamento establece que el plan de reducción de pérdidas en las EDE ejecutará un programa de expansión y rehabilitación de redes durante esos seis años, que incluirá redes antifraude en los puntos vulnerables, ampliar los programas de telegestión (telemedida y telecorte) y prepago, incluyendo a los clientes que participan en el subsidio gubernamental Bonoluz.
Además, la integración de las zonas carenciadas a la gestión técnica y comercial y mejora de la efectividad de los mecanismos destinados al control y persecución del fraude eléctrico, que incluya la auditoría de los procesos al interior de las EDE, y un mejor uso de las tecnologías disponibles para combatir nuevas modalidades de fraude.
Las empresas distribuidoras presentan en la actualidad un nivel de pérdidas superior a la que establece el plan, situación que obedece a que fue elaborado antes del impacto de la pandemia del COVID-19, que empeoró las finanzas de las EDE.
“Evidentemente, las pérdidas subieron bastante porque se está dando más energía, en relación con lo que se daba (antes de la pandemia), y esto aumenta las pérdidas. Por lo tanto, la realidad, cuando se planteó esto, era la que existía en 2017”, explicó el miembro del Instituto de Energía de la UASD.
Sin embargo, el experto en temas eléctricos, Bernardo Castellanos, señaló que no será posible lograr la meta de reducción de pérdidas, e indicó que el plan de inversiones que tiene el Gobierno a partir del 2022, de RD$10 mil millones, apenas conseguiría reducir un punto porcentual por año, en el mejor de los casos.
“Como las pérdidas totales (energía comprada menos energía cobrada) de las tres distribuidoras se sitúan en el orden del 36 por ciento, con ese plan de inversión teórico, que en la realidad será menor, en seis años las pérdidas totales se reducirían a un nivel de un 30 por ciento”, detalló.
Sostuvo que para reducir de 35 % a 15 % en seis años habría que invertir anualmente cerca de US$350 millones solo en programas y proyectos de reducción de pérdidas.
Castellanos puntualizó que el nivel óptimo de pérdidas en las empresas distribuidoras es de entre 10 % y 12 %.
El experto agregó que las tres EDE deberían reducir sus gastos corrientes, que en la actualidad son de un 24 % de sus ingresos, hasta el 10 %.
El reglamento indica que las tres empresas distribuidoras de electricidad deberán presentar un programa de reducción de pérdidas y un cronograma de mejora de gestión, a fin de que sean consistentes con las metas establecidas. Además, tendrán que presentar un mecanismo de seguimiento de esos objetivos.
Asimismo, ordena que se defina y aplique un régimen de
consecuencias a las empresas distribuidoras “ante el no alcance de metas y
objetivos comprometidos, salvo casos de fuerza mayor”.
Diario Libre