El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes solicitó este
miércoles al procurador general de la República investigar la denuncia de
ANADEGAS y FENATRANO respecto a “una alegada mafia en la venta de combustibles,
con la supuesta “connivencia de funcionarios públicos del gobierno y
específicamente” del MICM.
La petición está contenida en una instancia depositada la
tarde de este miércoles en la Procuraduría General de la República, la cual
suscriben el titular de la cartera, Nelson Toca Simó, y César Avilés Coste,
consultor jurídico de dicha institución.
“Mediante la presente instancia y en virtud de las
disposiciones legales contenidas en los artículos 29, 30, 259, 260, 262, 263,
264 y 265 del Código Procesal Penal, tienen a bien solicitar de manera formal a
esa Procuraduría General de la República, dar inicio a una investigación en
relación con los supuestos hechos denunciados por los señores Arnulfo Rivas,
presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS);
Juan Ignacio Espaillat Taveras, ex presidente de ANADEGAS; (Y) Juan Hubieres,
presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción
(FENATRANO)”.
Toca Simó y Avilés Coste solicitan al Procurador designar
los fiscales investigadores, así como los peritos y técnicos necesarios para
levantar la investigación a “profundad” de “los hechos denunciados”.
De igual manera piden “convocar a los denunciantes Arnulfo
Rivas, Juan Ignacio Espaillat Taveras y Juan Hubieres, a los fines de que
aporten al Ministerio Público en el curso de la investigación, los datos,
informaciones, pruebas de que dispongan sobre las denuncias realizadas”.
La instancia depositada en la Procuraduría General de la
República recoge que Rivas, Espaillat Taveras y Hubieres “plantearon la
existencia en el país de una mafia que vende combustibles ´ilegales´ producto
del contrabando, señalando los dos primeros denunciantes de forma específica,
que dicha mafia se encontraba apoyada y auspiciada por funcionarios del
Gobierno, y más específicamente del propia MICM”.
Dichas declaraciones fueron reproducidas por diversos medios
nacionales, tanto impresos como audiovisuales, cuyas copias se encuentran en la
solicitud depositada.
Ante dicho pronunciamiento, la semana pasada el MICM
procedió a emplazar a ANADEGAS y sus directivos mediante acto de alguacil para
que identificaran “los funcionarios, personas y sectores que, de acuerdo a la
denuncia, alegadamente estarían autorizando o tolerando deliberadamente el
contrabando de combustibles” y que “presentaran las supuestas pruebas de la
denuncia”.
El citado emplazamiento también fue publicado en espacio
pagado en varios medios de circulación nacional.
“Hasta el momento, los denunciantes públicos, no han
depositado ante el MICM, ni el ministro, ninguna de estas supuestas pruebas, ni
tampoco han formalizado dichas denuncias ante las autoridades, con lo cual, se
han quedado en denuncias”, señala el documento.
El MICM dice que pone a disposición del Ministerio Público
“todas las facilidades necesarias” para que pueda “efectuar una investigación
exhaustiva, ofreciendo total acceso sin limitaciones de ningún tipo a los
investigadores designados, a toda la documentación que sea requerida”.
Diario Libre