SANTO DOMINGO.- Además de los 92 millones de dólares que
admitió la empresa brasileña Odebrecht haber pagado como sobornos a
funcionarios dominicanos, para la adjudicación de obras estatales, la citada
compañía habría desembolsado otros 39 millones vinculados a la construcción de
la planta termoeléctrica de carbón Punta Catalina.
Así lo revela la investigación titulada División de
Sobornos, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ), por sus siglas en inglés.
El nuevo hallazgo se desprende de la filtración de una gran
cantidad de documentos y registros del Departamento de Operaciones
Estructuradas, una división de Odebrecht creada con el propósito de manejar los
sobornos que entregaba la empresa.
Según cita el periódico ElNuevoherald, “esos registros
fueron obtenidos por la organización de noticias ecuatoriana La Posta, y luego
compartidos con el ICIJ y 17 medios aliados en las Américas”.
Dice que las filtraciones revelan pagos secretos a lo largo y
ancho de toda la región, y que van mucho más allá de lo informado públicamente
hasta ahora.
También resalta que los pagos involucraban a destacadas
figuras y enormes proyectos de obras públicas que no aparecen mencionados ni en
las causas judiciales en trámite ni en ninguna otra investigación oficial hasta
la fecha. Entre las figuras hay un destacado economista dominicano, según la
investigación.
A continuación el texto íntegro que, según la investigación
involucra la construcción de la planta Punta Catalina:
El economista dominicano
“Resta mucho por descubrir sobre el entramado de empresas,
acuerdos de consultas y servicios, y cuentas bancarias secretas utilizados por
la oficina de sobornos de Odebrecht.
Pero hay algo que queda claro: los archivos Drousys de esa
oficina contienen los nombres de muchas importantes figuras que ocupan cargos
de responsabilidad y que nunca fueron abiertamente cuestionados por sus
relaciones con Odebrecht, hasta ahora…
Andrés Dauhajre es un conocido miembro de la dirigencia
política dominicana.
Dauhajre es un economista de anteojos y pelo entrecano que
escribe una columna semanal en el diario El Caribe. Integró una delegación de
líderes empresarios que acompañaron al presidente dominicano Danilo Medina en
su visita de Estado a China, en noviembre pasado.
El economista también preside la Fundación Economía y
Desarrollo, una consultora económica que suele obtener contratos con el Estado
dominicano y que tiene su sede en Santo Domingo, capital del país.
A fines de 2013, cuando la empresa de servicios públicos
dominicana ofrecía un contrato para la construcción de la central
termoeléctrica de Punta Catalina, una planta de 770 mega watts sobre las costas
del Caribe, recurrió a la consultora de Dauhajre, entre otras dos, para evaluar
las propuestas de los ofertantes.
Para entonces, el organismo de servicios públicos ya había
descalificado a varios ofertantes, argumentando pobreza técnica en sus
presentaciones, y el único candidato en pie para el trabajo era un consorcio
empresarial liderado por Odebrecht.
De todos modos, para alzarse con el contrato, Odebrecht
seguía necesitando que aprobaran su oferta económica y su plan de
financiamiento. Dauhajre y otros consultores aprobaron su plan, y a Odebrecht
se le otorgó un contrato por más de 2.000 millones de dólares, cientos de
millones más que algunas de las ofertas de sus competidores desplazados.
Cuando el escándalo de Odebrecht estalló en toda
Latinoamérica, la empresa admitió frente a los fiscales, en diciembre de 2016,
que sus pagos ilegales incluían 92 millones de dólares en sobornos en República
Dominicana. De inmediato, el proyecto de Punta Catalina quedó bajo un manto de
sospecha.
Entonces fue nombrada una comisión para investigar el
contrato, presidida por monseñor Agripino Núñez Collado, un influyente hombre
de la Iglesia dominicana. Entre los testigos citados por la comisión se
encontraba Dauhajre.
El 5 de febrero de 2017, tres días después de su testimonio,
Dauhajre rechazó indignado las sospechas de que el contrato de Odebrecht
estuviese inflado.
“La supuesta sobrevaluación de Punta Catalina es la mentira
mejor mercadeada en los últimos años en la República Dominicana”, escribió
Dauhajre en su columna en El Caribe, uno de sus varios artículos periodísticos
en los que defiende públicamente la construcción de la planta y su
financiamiento. En esas columnas, Dauhajre no menciona ninguna relación
financiera entre él y la empresa Odebrecht.
Finalmente, la comisión no encontró pruebas de
irregularidades en la licitación o el financiamiento de la planta, y le regaló
una importante victoria a Odebrecht. En su presentación de cargos contra 7
acusados en el caso Odebrecht, en junio de 2018, el fiscal general de República
Dominicana dijo haber llegado a una conclusión similar, y que su equipo había
investigado a fondo el caso de Punta Catalina, sin encontrar evidencia alguna
de corrupción.
Los libros contables del Departamento de Operaciones
Estructuradas de Odebrecht muestran decenas de pagos que parecen habérseles
escapado a los investigadores, ya que no tuvieron acceso a los registros ahora
obtenidos por el ICIJ.
La planilla consigna que al menos dos de los pagos a Baker
Street pasaron por una empresa radicada en Bahamas, Fincastle Enterprises Ltd.,
que aparece mencionada por los fiscales de Perú como uno de los vehículos para
los sobornos de Odebrecht. Esos pagos se realizaron en mayo y julio de 2014,
varios meses después de que aprobaran el plan de financiamiento presentado por
Odebrecht.
El 7 de diciembre de 2015, Baker Street Financial pagó más
de 2 millones de dólares por un departamento en el piso 12 de un elegante
edificio vidriado en el lujoso centro de Manhattan, justo a la vuelta del
célebre restaurante francés “Le Bernardin”.
Los registros de la ciudad de Nueva York sobre la venta de
ese inmueble incluyen una escritura de propiedad firmada por el único director
de Baker Street Financial: Andrés Dauhajre.
Ante la consulta del ICIJ, Dauhajre respondió que los pagos
que recibió de Odebrecht fueron por los servicios de asesoría que le brindó a
la empresa en conexión con la central eléctrica. Dauhajre dice que Odebrecht
contrató sus servicios a principios de 2014, después de que unas de las
principales fuentes de financiamiento que se esperaba apoyaría el proyecto, el
Eximbank (Export-Import Bank of the United States), se retiró debido a una
directiva del entonces presidente norteamericano Obama de no financiar
centrales termoeléctricas alimentadas con carbón por sus consecuencias sobre el
cambio climático.
Dauhajre dice haber ayudado a Odebrecht a encontrar fuentes
de financiamiento alternativas para el proyecto, y que fue Odebrecht la que
propuso a Fincastle Enterprises para canalizar el pago por sus servicios.
“Baker Street Financial Inc. prestó de manera exitosa y
efectiva el servicio de asesoría solicitado por Odebrecht durante los años 2014
y 2015”, manifiesta Dauhajre en una carta enviada al ICIJ. “Ese servicio de
estructura financiera fue el que generó la remuneración pagada.”
El Nuevo Diario