Las declaraciones de Andrés Astacio, coordinador del Consejo Unificado de las EDES, a Alicia Ortega, y dadas a conocer en el programa El Informe de este lunes, son una prueba más de que el gobierno anterior descuidó la prudencia y permitió que personas vinculadas estrechamente con la familia presidencial se sirvieran deshonestamente de esa cercanía y derrumbaran todos los mecanismos de protección que tiene el Estado para proteger los bienes públicos.
Andrés Astacio describió algunos de los mecanismos utilizados por los hermanos de la anterior primera dama, y sus cuñados, para convertirse en proveedores únicos, exclusivos, de las empresas eléctricas y de la propia Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Los contratos, las cuentas, las empresas, son descritas como una red articulada para sacar beneficios al máximo nivel, con grandes cantidades de dinero, mientras el Estado destinaba cientos de millones de dólares, miles de millones de pesos, al sector eléctrico para resolver un problema ancestral, que no hemos resuelto, y que era la excusa para ampliar el robo a niveles increíbles, como si pensaran que jamás rendirían cuenta de lo que estuvieron haciendo.
Solo en los contratos de la empresa distribuidora del Este, la suma de negocios supera los 18 mil millones de pesos de uno de los cuñados del ex presidente Danilo Medina. Con razón Astacio evitó la comparación con la Operación Anti Pulpo, encabezada por el Ministerio Público sobre los servicios de venta que ofrecía a diversas instituciones estatales uno de los hermanos de Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, y dijo a Alicia Ortega en su entrevista que en el caso de las EDES lo que se puede decir es que había entre sus proveedores “un calamar gigante”.
Sobrecoge la manera abusiva como se articularon los familiares de la pareja presidencial. Más de 20 empresas, vinculadas una con otra de las más variadas formas, pero todas dependiendo de un único gestor, para aparentar la licitud de las licitaciones que siempre ganaban ellos. Los funcionarios de las empresas distribuidoras de electricidad pecan, mínimo, de complicidad, y de la misma forma tienen relación con esa complicidad los miembros de los Consejos Directivos y los designados como parte de los comités de licitaciones.
El caso está en manos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) y son los fiscales los que deberán reunir los documentos, evaluar las irregularidades y determinar el curso del expediente. Sin profundizar mucho en el esquema, hay que observar el gran parecido que el modelo de control tiene con las actividades irregulares que el Ministerio Público describió en la Operación Anti Pulpo.
Y aunque el Ministerio Público no quiera llegar muy profundo en esto, da la impresión de que ya habría que comenzar a pensar que el hombre más informado del país no estaba ajeno a las operaciones en que participaban, en su gobierno, sus propios allegados. Y los allegados más cercanos a su esposa, que también eran sus cuñados. El presidente de la República cuenta con mecanismos de información sofisticados, útiles, eficientes, que no solamente le entregan los chismes de la política y de la economía, sino que están obligados a ofrecerle información sobre el entorno familiar y las prácticas en que participan. Y esto es meramente una protección natural a la función del presidente de la República, y protección para su futuro inmediato. La ambición les nubló la razón a los familiares del presidente, y al mandatario el apego filial lo derrotó permitiendo que hicieran fiesta con el dinero público, algo que él tenía la obligación de proteger.
Las consecuencias que se deriven de la persecución que emprenda el Ministerio Público contra estas personas, caerán directamente sobre los implicados, pero indirectamente afectarán al ex presidente Danilo Medina, por consentir situaciones que él pudo suponer que le perjudicarían terriblemente cuando no estuviera en el ejercicio del poder. Y porque ese era su rol, frente a cualquiera que quisiera robarse el dinero del país.
El juez José
Alejandro Vargas dijo que Danilo Medina pecó de debilidad al no detener las
acciones de sus hermanos, que lo traicionaron por el cariño y la debilidad que
él sentía por ellos. Pero es evidente que esa debilidad se extendía más allá de
sus propios hermanos. Ahora sabemos que sus cuñados y concuñados también
pudieron abusar de su confianza. Ya hay dos hermanos que tienen prisión
preventiva, una de ella prisión domiciliaria, y Danilo Medina debe estar
reflexionando sobre este asunto, porque no se trata de una persecución
política. Se trata de actos indignos, de corrupción, que debieron ser evitados
por el poder del primer mandatario que tenía en sus manos (en esa gestión) al Ministerio Público, la dirección de ética,
la Contraloría General de la República y muchos otros mecanismos. Pero ninguno
funcionó, y ahora habría la posibilidad de que él tenga que ser llamado a
interrogatorios para que ofrezca informaciones de su conducta. Esa convocatoria
tendría que salir de la Procuraduría General de la República. Y no es de dudar
que lo llamen.
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