miércoles, 18 de mayo de 2022

Auditoría revela "desguañangue" en la Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana

 


Un informe publicado este lunes 16 por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, revela diversas irregularidades en la Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana (UERS), entre las que señaló pagos de personal no identificados en las ejecuciones presupuestarias, ascendente a RD$ 234,651,192, y compras con irregularidades, ascendentes a RD$ 395,730,007.

En la investigación, que abarcó desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 31 de agosto de 2020, se encontró una Licitación Pública Nacional sin cumplir formalidades legales por un monto de RD$ 426,618,392; ausencia de Reporte de Lugares Ocupados; expediente incompleto y sobrevaloración de precios en la adquisición de bienes.

En el extenso informe de la CCRD, se citó también diferencias en lo presupuestado versus lo ejecutado en publicidad y propaganda, en la que se realizó una facturación a un sólo proveedor sin el procedimiento de selección acorde con la Ley, ascendente a RD$ 30,572,924, así como desembolsos por adquisición de bienes sin identificar el destino y desembolsos sin certificación de recepción.

El objetivo principal de la Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana es desarrollar proyectos de electrificación en las comunidades rurales y sub-urbanas de la República Dominicana, mediante el uso de fuentes de energía renovable y no renovable, contribuyendo así, a crear las condiciones para el desarrollo social, académico y económico de dichas comunidades.

También halló diferencias entre nóminas según ejecución presupuestaria del gasto versus nóminas físicas por un monto ascendente a RD$ 9,865,689 y nóminas según ejecución presupuestaria versus nóminas en formato digital por RD$ 21,054,438.

Asimismo, en el documento firmado por Enlly C. Santos Ureña, supervisora de Auditoría y Daisy M. Mariñez Núñez, directora interina de Auditoría se establece la ausencia de certificación de pago a la DGII y a la TSS, ascendente a RD$ 423,599,255 y la ausencia de normativas para el gasto ejecutado de beneficios laborales (Primas por antigüedad), ascendente a RD$ 176,833,735.

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