SANTO DOMINGO.- Los beneficios para el país al menor costo
ambiental posible debe ser el eje dominante en la industria extractiva,
abarcando minería metálica, no metálica, petróleo y gas, proclamó este
miércoles el ministro de Energía y Minas, Antonio Isa Conde.
Al participar en un panel-desayuno de la Cámara Americana de
Comercio, dijo que ese enfoque es esencial para enfrentar los problemas
asociados a la sostenibilidad sistémica del sector, que explota recursos no
renovables.
“Los recursos mineros, como lo establece la Constitución,
son propiedad de la nación y la función del Estado es administrarlos bien, en
beneficio no sólo de esta generación, sino de aquellas que nos sucederán”,
razonó el titular de Energía y Minas.
Isa Conde consideró fundamental el avance de una propuesta
integral de medidas de política que garanticen los intereses del país y también
de los inversionistas, privilegiando el trato nacional, la seguridad jurídica,
la confianza legítima, transparencia y rendición de cuentas.
El funcionario detalló que una buena parte de los beneficios
recibidos de la industria extractiva deben canalizarse hacia inversiones
públicas dirigidas a la acumulación de capacidades humanas, tecnológicas y de
infraestructura, en beneficio del país en general y de las comunidades mineras, creando empleos
sostenibles.
“Esto supone, señoras y señores, provocar una ruptura
radical con el pasado y la visión estrecha con que se realizaba la actividad,
de la “Ley del Embudo”, lo ancho para las empresas mineras y lo estrecho para
el Estado y el pueblo, y que, por demás, los pasivos ambientales pagarán las
futuras generaciones”, afirmó el ministro.
Isa Conde resaltó que el Ministerio de Energía y Minas ha
estado trabajando arduamente, con espíritu de consenso y siempre abierto al
debate de las ideas, en la modernización del andamiaje legal de la industria
extractiva, decisión que ha causado preocupación en ciertos segmentos del
sector minero.
Sin embargo, aclaró que “ninguna cosa que lleve el sello de
ganar-ganar debe preocupar”. “Y esa es la esencia del marco legal que
sustentamos y que seguiremos defendiendo como un soporte de la promoción de
inversión responsable con promesas de ganancias razonables para las empresas,
el Estado y las comunidades”, subrayó.
El Nuevo Diario