SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El dirigente
perredeista Guido Gómez Mazara solicitó a la Dirección de Ética Gubernamental
(DIGEIG), a través de su titular Lidio Cadet, toda la información sobre las
compañías de seguros beneficiadas del
contrato de póliza “Todo Riesgo de Construcción” utilizadas en la planta Punta
Catalina.
Gómez Mazara señaló que hubo irregularidades en el mecanismo
de asignación del contrato a dos compañías de seguros porque su participación y
beneficios obtenidos no fueron el resultado de un proceso legal y transparente
que caracteriza la participación del sector seguro en sus relaciones con
instituciones oficiales.
Para el abogado y
profesor universitario, resulta escandaloso que siendo la compañía de seguros
BanReservas el ente institucional para cubrir los riesgos derivados del proceso
de construcción de la planta termoeléctrica se “seleccionara” a un tercero que,
sin participar en un proceso de licitación como establece la ley, consiguiera
la cobertura de una operación que alcanza el monto de una póliza en capacidad
de cubrir los 1,495 millones de dólares con ventajas económicas de una comisión
estimada sobre el millón de dólares.
«De ahí, la necesidad de que órgano institucional encargado
de Ética Gubernamental emita su opinión al respecto de la asignación a dos
compañias de seguros sin intervenir un proceso de licitación», precisó.
Señaló que ambas compañías de seguros fueron agraciadas en
un procedimiento sospechoso e innecesario porque si bien es cierto que la
empresa reaseguradora Hanover Re posee las capacidades de cobertura
internacional, bastaba simplemente con que Banreservas operara desde el punto
de vista de entidad local sin delegarle una facultad que le era propia, apegada
a las normas legales y sin necesidad de asociar a dos compañías de
intermediarias de la millonaria operación.
Gómez Mazara advirtió que el Decreto 486-12 creando la
DEGEIG estableció un marco institucional que junto a la Resolución sobre Buenas
Prácticas del 25 de octubre del 2017 tiende a garantizar niveles fundamentales
de transparencia, totalmente irrespetados en el proceso de asignación del
seguro de “Todo Riesgo de Construcción” en el caso de la planta Punta Catalina,
olvidándose que la Dirección de Contrataciones Públicas posee un historial de
decisiones respecto de los umbrales a respetar amparados en la ley 340-06 desde
agosto del 2006 y la última resolución definida como
PNP-01-2019 reitera la obligatoriedad de licitar las operaciones donde
intervengan fondos públicos.
Recordó que el artículo 262 y siguientes del Código Penal
habilitan a toda persona que conozca de un hecho ilegal puede ponerlo en
conocimiento de las autoridades y que la ley 821 en su artículo 57 establece
que es el Ministerio Público el llamado a perseguir las infracciones por lo que
exhortó a las autoridades de la Dirección de Ética Gubernamental a servir de
primer escalón investigativo de una transacción nebulosa capaz de beneficiar
dos compañías que técnicamente no deberían estar vinculadas a la operación.
Finalmente, dijo que este caso es una prueba para la DEGEIG
demostrar su carácter institucional y apego a la legalidad sin importar
colindacias políticas y familiares de los beneficiarios.
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