SANTO DOMINGO-. De parte del Gobierno, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y el de Energía y Minas, Antonio Almonte, han insistido en que todo está listo para cerrar el pacto eléctrico ¿Por qué, entonces, no se ha firmado? La posición que mantiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) arroja una idea de lo estancado que está el consenso, aunque no se quiera decir.
Parte de la razón por la que el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico no ha sido zanjado es porque los representantes de la sociedad civil no se ha puesto de acuerdo en el contenido, que fue adelantado y casi, casi consensuado a finales del 2017.
La UASD es una de las instituciones que representa al sector social, que a su vez, es la cara más cercana al interés ciudadano dentro del Consejo Económico y Social, el órgano responsable de debatir y cerrar este acuerdo de tres partes: empresariado, el sector laboral y el social.
La academia dejó sobre la mesa 15 puntos de condición que, de no abordarse a lo interno del CES, el pacto eléctrico no contaría con la firma de la Primada. El documento de la UASD comienza por pedir que se defina el servicio eléctrico como un asunto de "utilidad pública" que garantice una energía de calidad y a bajo precio para los consumidores finales, "y no como una simple mercancía sujeta a la especulación".
También, pide el reembolso a los usuarios del costo de la energía no servida, cambiar la metodología del pliego de tarifario, "haciéndolo más transparente y entendible", exige un plan de operación de la Central Térmica de Punta Catalina, "con el menor impacto posible al medio ambiente", y además, la independencia de la Superintendencia de Electricidad.
Al hablar sobre este pacto, el director del Instituto de Energía de la UASD, José Luis Moreno, explica que esa independencia, se lograría nombrando los cargos directivos de la Superintendencia por concurso y no con un decreto.
"Realmente no se pudo firmar en enero (así lo esperaba Macarrulla) porque no se dieron las condiciones de abrir el debate para temas que quedaron pendiente desde finales del 2017, y es lo que ha estado solicitando el sector social y en particular la UASD", dice Moreno, quien aun no siendo miembro directo del CES, formó parte del equipo que se encuentra detrás de la posición de la universidad.
Moreno, ingeniero mecánico-electricista, con especialidad en energías renovables y plantas de potencia -entre otros títulos-, dice que el documento a firmar de pacto eléctrico básicamente recogía cerca de un 80%, todo lo que dice la Ley General de Electricidad 125-01. "Y muchos temas importantes mencionados se quedaban fuera o fueron tratados solo en conveniencia al sector empresarial que participa en el negocio eléctrico, y el sector gobierno".
El consejero representante del sector social en la comisión ejecutiva del CES, Rolando Guzmán, explica que el pacto tiene 14 puntos de disenso, que en efecto incluyen la forma de compensación a los consumidores por fallas en las provisiones del servicio, que no fue bien acogida por el sector empresarial, y la forma de gestión de la Termoeléctrica Punta Catalina y su esquema de propiedad.
"Se decidió también que esos puntos quedaran de forma explícita en el propio pacto, para que se siguiera debatiendo sobre los mismos pero que eso no impidiera avanzar en la mayoría de los temas, que habían sido consensuados. En ese punto, algunas organizaciones decidieron no adherirse a la decisión que predominó en la gran mayoría", agrega Rolando Guzmán.
¿Cuál es la situación de ahora? Que una parte de los miembros del CES no ven sentido en firmar un pacto, y al mismo tiempo crear una comisión para seguir discutiendo sus desacuerdos.
El consejero del sector social tiene las palabras más sinceras sobre lo que ha pasado: "Todos sabemos que lo acordado fue el consenso posible, y que no tiene todo lo que cada quien quisiera haber acordado, pero los puntos acordados representarían un gran paso de avance, siempre que vayan acompañados de mecanismos de veeduría para garantizar que lo acordado no se convierta en letra muerta".
Mientras tanto, no hay pacto eléctrico. El presidente Luis Abinader, en un discurso que ofreció en octubre pasado, dio seis meses para concluir el tema, con dos pactos, el eléctrico y fiscal, que a mitad de camino, todavía no se han cerrado.
El pacto eléctrico se remonta al año 2012, cuando se aprobó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 que, condicionaba el desarrollo social de República Dominicana al consenso por parte de la sociedad, gobierno y empresariado para firmar tres pactos: el educativo, el eléctrico y el fiscal.
De los tres, solo el educativo fue firmado en 2014, dos años después de las elecciones presidenciales del 2012 que empujaron a Danilo Medina a comprometerse con cumplir el reclamo social del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), para la educación.
El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico tenía aparentemente el camino fácil para su aprobación, porque entre los dos pendientes era el que estaba más adelantado, casi a la puerta de cerrarse en el 2017.
El presidente del
CES, Rafael Toribio, confirmaba que sería básicamente retomar lo acordado en
buena parte de su contenido. Esto lo comentó poco después de recibir la
encomienda de que en seis meses, que se cumplen en abril, los dos pactos fueran
aprobados. El tiempo sigue su curso.
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