La firma del zarandeado Pacto Eléctrico coincide con el anuncio del presidente Luis Abinader de que su gobierno se propone construir en Manzanillo una gran planta de generación eléctrica sobre la base del gas natural, una idea que obliga a preguntarse cuáles son las prioridades del país en materia de energía.
El Pacto Eléctrico, firmado ahora tal cual lo dejó el gobierno anterior luego de que el PRM rehusara rubricarlo antes de asumir el poder, procura que el sistema eléctrico nacional interconectado sea confiable, eficiente, transparente y sostenible, acorde con la Estrategia Nacional de Desarrollo; la Constitución, que en su artículo 147 dispone que los servicios públicos deben satisfacer las necesidades de interés colectivo, y la Ley General de Electricidad 125-01, que hace dos décadas reordenó el marco institucional del sector eléctrico; todo ello según los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.
Movida misteriosa
El gobierno no ha explicado por qué, justo al firmarse el Pacto Eléctrico, violenta la planificación proyectada del sistema eléctrico, anunciando una central de generación en un lugar tan remoto del centro de demanda, injustificable técnicamente tras la entrada de los 720 MW de Punta Catalina.
El anuncio de que habrá una licitación internacional para dos unidades de 350 MW cada una, más una terminal de gas natural en la zona de Manzanillo, podría defenderse alegando que no hay tal cosa como exceso de generación, pues la disponibilidad genera mayor demanda; que se atraerían inversiones para el relegado noroeste del país; que podría exportarse energía a Haití, o que habría más seguridad estratégica al contar con más capacidad para almacenar gas natural.
Abundante energía
Sin embargo, la realidad es que con Punta Catalina, sobre la base de carbón, y las recientes inversiones por varias empresas privadas en depósitos, gasoductos y plantas de generación con gas natural alrededor de San Pedro de Macorís, el país cuenta ya con un ligero exceso de generación versus la demanda; que la poca densidad poblacional de la región conocida como “La Línea” no requiere tanta energía y por tanto habrá que transportarla onerosamente a grandes distancias; que nadie venderá energía a Haití sin garantías por entidades solventes de que será pagada oportunamente, y que aumentar la dependencia del país del gas natural contraría la proclamada política de diversificación y desarrollo de fuentes renovables de energía.
El riesgo
Todo lo anterior significa que la inversión de alrededor de mil quinientos millones de dólares para las dos plantas de gas natural en Manzanillo, y obras conexas, podría convertirse en un mayúsculo e inoportuno desperdicio de recursos, mayor que el del casi inútil aeropuerto internacional de Barahona o el escandaloso subsidio a las empresas distribuidoras de electricidad
La ineficiencia encarecerá indirectamente los precios de la electricidad, al ser pagado por todos los contribuyentes, en caso de realizar la inversión el Estado. Si se buscan inversionistas para sólo licitar la asignación de la obra o los contratos de compra de energía, habría que ver cómo se acuerda la expectativa de recuperación de la inversión, pues a mayores costos mayor precio deberá pagarse por esa electricidad.
Empero, la idea de dotar a la región Noroeste de sus propias plantas de generación es atendible y merece apoyo, puesto que allá se carece de las infraestructuras necesarias para desarrollar todo su potencial económico, especialmente por las bondades de su puerto y la disposición de algunos empresarios de invertir en esa parte del país.
Ya es mucho gas
Al país no le conviene aumentar su dependencia del gas natural, que ya es usado en casi el 60% de nuestra generación para suplir la demanda actual de electricidad, pues hay perspectivas de incertidumbres ante la agenda ecologista del nuevo gobierno del presidente Joe Biden en Estados Unidos, donde ya hay recientes obstáculos legales casi insalvables para construir nuevos gasoductos, terminales y tanqueros de gas natural e hidrocarburos.
Analizar los beneficios versus las desventajas, para el Estado y todos los dominicanos, demuestra que el gobierno acierta al identificar como una necesidad que se dote al noroeste de sus propias fuentes de generación eléctrica y demás infraestructuras, pero yerra al pretender solucionar el problema mediante el enorme, inútil y problemático gasto que representan dos nuevas plantas de gas natural de 350 MW cada una.
En vez de duplicar innecesariamente el almacenaje de gas natural o invertir en costosos gasoductos (a más de RD$120.0 millones cada kilómetro), sería mucho más razonable, menos costoso y mas útil, aprovechar el gran potencial en La Línea noroeste para proyectos de energías renovables, como los parques eólicos (molinos de viento) o solares (paneles fotovoltaicos), que disfrutan de incentivos fiscales, financiamiento barato y vienen realizándose con mucho éxito.
Esto diversificaría más la matriz energética nacional, reduciendo la dependencia del escaso y más costoso gas natural, ahorraría enormes costos de transmisión de la electricidad y -en materia de turismo- ayudaría a la promoción del país como un destino ecológicamente responsable.
Los
requerimientos
El ministro de Energía, ingeniero Antonio Almonte, ha indicado la estimación de que el país requiere aproximadamente 100 MW adicionales de energía cada año, según el crecimiento histórico de nuestra economía, que casi seguramente será menor por la pandemia del Covid-19.
Pero al mismo tiempo, el gobierno ha anunciado con bombos y platillos que hay inversiones y proyectos en curso que aumentarán en alrededor de 250 MW la generación disponible, de fuentes renovables, eólicas, solares e hidroeléctricas. Si ello es así, ¿para qué destinar muchos cientos de millones de dólares en las proyectadas plantas de gas en Manzanillo?
Dos plantas
350 Megavatios de
energía.
Es la protencia de las plantas que se propone construir el gobierno en Manzanillo.
La Línea Noroeste
tiene sol y viento abundantes
Natural. La zona noroeste es reconocida, tras estudiarse por muchos años, como una de las mejores de toda la región caribeña por su rica irradiación solar y constantes vientos aprovechables para turbinas eólicas.
No luce defendible ni justificable el endeudarse para aumentar la dependencia de combustibles importados ante tantas ventajas que aconsejan preferir las energías renovables para solucionar las necesidades de Manzanillo.
Las urgencias del negocio eléctrico son otras, como la revisión de tarifas técnicas y el valor agregado de distribución, sanear o privatizar las distribuidoras y continuar los proyectos en desarrollo del área de transmisión.
Confundir las
prioridades no conviene al país y mucho menos al presidente Luis Abinader.
El Día