La semana pasada la ciudad de Petaluma, California, se convirtió en la primera ciudad en los EE. UU. en prohibir la instalación de nuevas estaciones de gasolina, mientras de manera simultánea se embarca en la promoción de nuevas infraestructuras que irían en beneficio de la fabricación de vehículos eléctricos, como lugares de recargas para los mismos.
Por otro lado, ya Noruega ha devenido en el primer país del mundo en el que los vehículos eléctricos representan más del 50% de las nuevas matriculaciones. Ya para el año 2025, de acuerdo con algunas estimaciones publicadas recientemente, la mayoría de las unidades de transporte eléctricas se ofertarán a precios mucho más asequibles que los vehículos de combustión interna. Es obvio, la tendencia es clara, pues si no se experimenta ninguna distorsión en el camino todo apunta al cambio de los medios de transporte de consumo de energía no renovables a eléctricos.
Los beneficios son innumerables, tanto desde una óptica ambiental, como desde un ángulo económico. Ahora bien, asumamos que la República Dominicana sea parte de este cambio, ¿qué significaría para nosotros?
Analicemos un poco ese escenario. Abocado por la eventualidad de la transición hacia el uso de energía eléctrica en nuestro parque vehicular debo expresar que hace apenas unos meses estuve entre los que vieron de muy buen agrado ver llegar al Palacio Presidencial al recientemente electo presidente Luis Abinader instalado en un Tesla a la toma de posesión, lo que se interpretó como un mensaje muy claro a la ciudanía: ¡vamos, tenemos que consumir energías más limpias! Sin embargo, existen enormes variables en juego, retos e inclusive factores negativos que tarde o temprano deberemos enfrentar, tanto en el aspecto ambiental como en el de carácter económico.
Está muy claro que la transición a vehículos electrónicos significará un replanteamiento de la política de subsidio del sistema eléctrico y código tributario, así como de la continuación del cambio de la matriz de energía a fuentes más limpias.
De acuerdo con las cifradas generadas por el DGII, para el año 2019 nuestro país contaba con un parque vehicular de 4,634,876 unidades, lo que significó un aumento de un 6.4% en relación con el 2018. Asumiendo que se mantenga la misma tendencia, el crecimiento de éste con una media desde el 2005 hasta el 2019 de 6.7%, al proyectar este crecimiento hasta el 2025, estaríamos hablando de un parque vehicular alrededor de los 6,411,000 unidades, lo que representaría un aumento superior a las 1,700,000 unidades.
Si lo extrapolamos y asumimos esta nueva tendencia de unidades eléctricas como la nueva norma, y de manera conservadora que el 30% de la variable es representada por automóviles convencionales y todo terreno, estaríamos hablando de 510,000 unidades vehiculares. Ahora bien, con la Ley No. 103-13 que con toda razón incentiva la importación de vehículos de energía no convencional para su importación y posterior comercialización, tomamos esos nuevos 510,000 y admitimos que gracias a este incentivo y al proceso de abaratamiento de los vehículos eléctricos a medida que avance la tecnología, la disminución de costos continuaría en picada, lo que no sería descabellado pensar que un tercio de esas unidades sean vehículos eléctricos y que entonces estaríamos hablando de más de 168,000 nuevos eléctricos.
¿Que representarían esos vehículos en nuestro parque vehicular? En primera instancia, en lo que se refiere al impacto ambiental, sería altamente positivo, por su 0 emisión de CO2, pero al mismo tiempo debemos observarlo desde otro ángulo, como es el aspecto fiscal, así como de la demanda de energía eléctrica. Actualmente dicha demanda crece en alrededor de un 3.5%, y si le agregamos hipotéticamente 168,000 nuevas unidades que en promedio consumirían unos 15Kwh/KM, urgiríamos de una generación de las plantas eléctricas de alrededor de 1,050,00 KWH.
Lo anterior nos lleva a plantearnos que, si la industria eléctrica de la República Dominicana cuenta con una capacidad instalada de alrededor de 3,000 megavatios, estaríamos hablando de que sin lugar a duda se requerirían mínimamente de inmediato la construcción de nuevas plantas equivalentes a más de 1/3 de la capacidad actual.
En ese escenario, y asumiendo que la política de subsidio del Estado al sector eléctrico no varíe, como tampoco el código tributario, nos abocaríamos a una gran disyuntiva: el reemplazo del consumo de los hidrocarburos, específicamente gasolina y gasoil, lo que conllevaría obviamente a mayor consumo de electricidad, la cual no paga ITIBS, pera a su vez desplazaría el impuesto sobre los hidrocarburos que actualmente oscila en cerca del 10% de las recaudaciones, de acuerdo con las estadísticas del DGII, pero igual potencialmente aumentaría la transferencia desde el gobierno central al sistema eléctrico en forma de subsidio, que promedia desde inicios de la pasada década en unos 884.4 millones de dólares anuales.
Está muy claro que la transición a vehículos electrónicos significará un replanteamiento de la política de subsidio del sistema eléctrico y código tributario, así como de la continuación del cambio de la matriz de energía a fuentes más limpias.
El desplazamiento
de vehículos tradicionales por eléctricos aparenta que estamos ante una
realidad, lo que veo muy positivo, pero me preocupa que pudiéramos convertirnos
en esclavos del tradicional “presentismo” y que no veamos más allá de la curva,
iniciando de inmediato el proceso de formulación de políticas energéticas, ante
los agudos retos que nos esperan
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