El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidores autorizó la contratación de 5 oficinas de abogados para representar al Estado en los casos de supuesta corrupción de Alexi Montilla y Alexis Medina.
Se pagará 900 mil dólares por cada caso, lo que suma 1.8 millones de dólares, repartidos entre las cinco oficinas de servicios legales.
Entre las oficinas contratadas están Jiménez-Peña, Seibel Dargam Henríquez & Herrera Consultores, Valerio Jiminián Roa Abogados, Ramón Núñez y Asociados, y Figueroa Guilamo & Asociadospara representar al Estado como actor civil ante las acciones que eventualmente sean iniciadas por el Ministerio Público, para la persecución penal de infracciones y recuperación de activos que habrían sido desviados de Edesur del período 2012-2020.
De acuerdo con el documento el acuerdo se suscribe a Edesur y a las mencionadas firmas de abogados como las partes.
Se pagarán US$125,000 para las cinco firmas, al momento del apoderamiento e inicio del proceso penal y US$14,000 mensual, consecutivos por 24 meses. En total el Estado les estaría pagando unos US$1.8 millones entre todas las firmas.
En adición a estos honorarios, también recibirán una compensación adicional como bono de éxito que será calculado sobre los valores efectivamente recuperados u obtenidos por Edesur.
“Este bono de éxito será de un 6% de cualquier monto recuperado, ahorrado, compensado o recibido”, resalta el acuerdo.
Asimismo los abogados podrán requerir la contratación de expertos, peritos, servicios de investigadores nacionales e internacionales, en coordinación con Edesur para su contratación directa por la institución.
Dicha autorización para la contratación data de fecha 15 de enero del 2021 mientras que la firma del contrato ocurrió el 30 de enero del 2021.
Otros gastos a cargo de Edesur
El documento dice que Edesur se compromete a reembolsar los gastos en los que incurran las firmas de abogados para el cumplimiento de los servicios contratados.
Para ello los abogados deben presentar a Edesur los recibos, facturas y comprobantes justificativos de dichos gastos.
Entre los gastos que se detallan están los actos de alguacil, traslados adicionales de alguacil, gastos de alguacil designado por el Tribunal, fijaciones de audiencias, actos notariales y consumo de combustible.
Tarea de los abogados
El acuerdo plantea que las firmas de abogados deben realizar un levantamiento de posibles acciones judiciales que puedan derivarse de las auditorías en las áreas como contrato de suministro, servicios, locación, procesos de compras y contrataciones, cuentas por pagar, manejo de inventarios de Edesur, entre otros.
Luego proceder a efectuar las denuncias en los casos de irregularidades, demandar en daños y perjuicios por la vía civil o administrativa a los que cometieron las infracciones y posteriormente tomar las acciones que permitan la persecución y recuperación de las sumas defraudadas a Edesur.
Conforme a lo que estipula el contrato, el mismo tiene vigencia a partir de su fecha de firma (enero 30 del 2021) y culmina cuando se hayan recuperado los dineros en manos de “testaferros”.
Asimismo dice que
su vigencia puede extenderse hasta ejecutar los patrimonios ilícitos de los
funcionarios que resulten autores del “fraude” perseguido a nivel penal.
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