Antonio Taveras, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), dijo que de comprobarse que hubo irregularidades en la adjudicación de las plantas a carbón de Punta Catalina, el Gobierno dominicano está compelido a proceder judicialmente contra la constructora brasileña Odebrecht.
El empresario saludó la iniciativa de Poder Ejecutivo de conformar una comisión para investigar la licitación de la obra, con personalidades independientes, pero enfatizó que debe llegarse hasta las últimas consecuencias para esclarecer las “graves” imputaciones de corrupción que apuntan a la multinacional.
“Pensamos que el caso en el cual está vinculada Odebrecht es muy grave, porque (la empresa) ha estado haciendo un sinnúmero de obras en el país, el proyecto ha sido muy cuestionado, entonces es muy importan que se investigue todo lo concerniente a la licitación, a los gastos y al costo final de esa planta”, sostuvo.
Taveras indicó que la delegación gubernamental en el Pacto Eléctrico nunca satisfizo los requerimientos de informaciones en detalle sobre el proyecto energético, que reiteradas veces hizo el sector empresarial.
“Nunca se nos dieron las informaciones y cuando se nos dio se nos dio a medias; esperamos que ahora que el Gobierno está interesado en ser transparente con Punta Catalina, pues si todo esta bien, lo vamos a aplaudir. Ahora, si hay algún indicio de que ha habido corrupción en el proceso, entonces vamos a demandar”, manifestó.
El directivo de la AEIH adujo que este es un buen momento para que las autoridades “demuestren que realmente tienen la voluntad de luchar” contra la corrupción.
“La corrupción es un crimen social, que afecta a toda la población dominicana, y pensamos que no debe quedar un impune” Antonio Taveras Guzmán
Enfatizó que el Gobierno “debería demandar a Odebrecht si hubo sobrevaluación” en el contrato de adjudicación de la central termoeléctrica, y a todos los involucrados, en caso de evidenciarse eventualmente irregularidades en el proceso.
“Esperamos que se lleve a hasta las últimas consecuencias, que se investigue todo y en caso de que se determine hubo irregularidades se traduzcan a la justicia, para que puedan pagar su crimen”, puntualizó Antonio Taveras.
La Comisión designada pro decreto este martes la preside monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social (CES), e integran además el pastor evangélico Jorge Alberto Reynoso; Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); el empresario José Luis Corripio Estrada, presidente del Grupo Corripio; el sindicalista Gabriel del Río Doñé, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Asimismo, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini y César Sánchez, ambos ex titulares de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), así como el economista Jaime Aristy Escuder.
La construcción de la Central Energética de Punta Catalina, instalación con una capacidad de 720 megavatios a carbón mineral, tiene un costo estimado en unos US$ 2,040 millones.
La obra fue adjudicada por la CDEEE mediante una licitación pública internacional al consorcio Odebrecht-Technimont-Estrella, en noviembre de 2013, y se prevé que entre en operación plena para mediados del 2018.
El escándalo que envuelve a la Odebrecht surgió a raíz de que el Departamento de Justicia estadounidense revelara que la firma constructora desembolsó 92 millones de dólares a funcionarios de la República Dominicana a cambio de la concesión de proyectos de infraestructura, entre los años 2001 y 2004.
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