Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) se convirtieron en instrumentos claves en el andamiaje político-electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sufriendo las tres compañías un “desmadre” en términos de gastos, malas prácticas e ineficiencia.
La acusación fue hecha por el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, al participar en Diálogo Libre. Denunció, además, que las EDE registran gastos excesivos y están quebradas.
Almonte explicó que en América Latina, en promedio, las
distribuidoras eléctricas, manejadas de forma regular, consumen cerca del 10 %
de sus ingresos anuales en gastos operacionales, mientras que en el caso de las
EDE dominicanas la cifra fue del 23 % el año pasado. “Nuestros planes se
dirigen a que los gastos operativos, dentro de un año, estén alrededor de un 15
% y en 2022 pensamos llevarlo a 12 % y después ver como a 2024 esté rondando el
10 %”.
Las tres distribuidoras eléctricas serán sometidas a un saneamiento drástico en los primeros seis meses de Gobierno, como primera medida, con el objetivo de lograr que los niveles de costos y gastos sean razonables con su tamaño y la labor que realizan, aseguró Almonte.
El funcionario señaló que paralelo a esa medida se ejecutará un plan de reducción de pérdidas, donde serán revisados los programas que se han creado con ese propósito y se formará un comité de seguimiento para verificar la calidad de las inversiones que se realizan.
Afirmó que la escasez de recursos económicos no es un obstáculo para disminuir las pérdidas, “no porque no haga falta el dinero en el sector distribución, sino porque ha recibido bastante para la reducción de pérdidas y fortalecimiento de redes y pareciera que mientras más se trabaja en eso, más se pierde”.
“Hemos descubierto que hay una bajísima calidad en la ejecución de algunos proyectos (de reducción de pérdida de energía en las redes). A veces se compra material de mala calidad, se elevan los precios de los productos que forman parte de la propuesta y si hay un amarre con el contratista, entonces yo te acepto una propuesta para un trabajo de mantenimiento que pudo haberse hecho con la mitad”, criticó.
El titular de Energía y Minas dijo que la apuesta del Gobierno es que los proyectos sean ejecutados con una gestión humana eficiente y de fiscalización, para que con los recursos invertidos la población pueda ver la diferencia, en lo que se refiere a la calidad del servicio y la reducción de las pérdidas, “a la vuelta de un par de años”.
Las nuevas autoridades pretenden que para el 2024 el nivel de pérdidas promedio de las EDE se ubique entre el 12 % y el 15 %, cifra que a junio pasado era de 29.8 %, según datos de las Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee).
“No es una meta fácil, porque es cierto que significa inversión y hay implicaciones de tipo social”, declaró Almonte, que destacó que el propósito del presidente Luis Abinader es restituir el sentido empresarial de las EDE.
“Ese consumo extraordinario de sus ingresos (por parte de
las empresas distribuidoras) corrió parejo con su ineficiencia, a través de la
pérdida de energía y con el mantenimiento del subsidio por parte del Gobierno”.
Someterán a Punta Catalina a tres auditorías
La Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), construida por el pasado Gobierno, será sometida a tres auditorías, con el propósito de informar a la población cuánto costó y cuál fue la composición de la inversión, aseguró el ministro de Energía y Minas.
Antonio Almonte detalló que la primera auditoría será al proceso de ejecución del levantamiento de la central, para saber cuánto gastó el Estado, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y cuánto mediante contratos especiales de construcción.
“Oficialmente solo se habla del contrato (de edificación), pero la Cdeee nunca ha publicado una relación de sus inversiones en personal, terrenos, pagos de intereses y comisiones durante la construcción. Todo eso debemos sumarlo al contrato que se le pagó a Odebrecht”, sostuvo.
La segunda auditoría se centrará en la licitación de la central para evaluar la oferta económica. Almonte precisó que es un eslabón clave saber cómo se determinó que la construcción de la obra valía US$2,400 millones, “después reducida a US$1,945 millones”.
Y por último, Punta Catalina será sometida a una auditoría técnica, a los fines de determinar si la obra cumple con las especificaciones técnicas ofertadas y si además es fiable en los niveles máximos que se informó que funciona, según puntualizó el funcionario.
Manifestó que la gestión operacional de la CTPC será aislada de los riesgos de la política y presiones de otra índole, mediante la contratación de una empresa que vele por su funcionamiento y mantenimiento, aunque aclaró que habrá un “equipo pequeño” de especialistas dominicanos en la administración comercial y gerencial.
Almonte afirmó que no está en los planes del Gobierno la venta de la central, “salvo que haya una oferta demasiado tentadora que no se pueda rechazar”.
De igual forma, descartó que esté en los planes del Gobierno
hacer la reconversión a gas natural u otro combustible de la central.
Diario Libre