En las primeras 15 semanas del 2022, el Gobierno dominicano
ha tenido que asumir mediante subsidios más de 9,000 millones de pesos para
evitar que los precios reales de los combustibles lleguen al consumidor.
“Tomando en consideración que el 47 por ciento de la
inflación de marzo provino de los incrementos en los precios de los derivados
del petróleo y de los alimentos y bebidas no alcohólicas, es decir de productos
que no controlamos, yo diría que, dentro de las circunstancias, estamos
atendiendo de forma muy efectiva la coyuntura actual”, apuntó.
Informó, además, que la República Dominicana está siendo
severamente castigada porque es uno de los pocos países de América Latina que
depende casi por completo de los combustibles importados.
“Cuando el mundo esperaba volver a la normalidad, ocurre la
invasión rusa a Ucrania, y con ello se producen nuevos incrementos en los
precios internacionales de combustibles, materias primas y cereales”, explicó
Vicente.
Reforma fiscal
Vicente habló en esos términos al encabezar el almuerzo de
la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), donde se
refirió a la reforma fiscal.
“Aquí, la decisión es si queremos seguir con la misma
precariedad o no. Ahora, independientemente de eso, objetivamente, este no es
el momento. Como no lo fue el tema durante la pandemia, nosotros no podemos
entrar en una discusión de una reforma fiscal en medio de un choque externo
como el que estamos teniendo actualmente”, dijo.
Indicó que el Gobierno se manejará con lo que tiene, pero
que llegará el momento en el que habrá que sentarse y decidir cómo quieren llegar
a la meta de desarrollo.
“Mi día es el subsidio de los combustibles, el recorte de
los gatos gastos superfluos, en que instituciones puede eliminar, que funciones
puedo fusionar. Nuestro objetivo en este momento no puede estar (en la reforma
fiscal). Ese no es nuestro objetivo ahora”, precisó Vicente en una actividad
que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Grado de inversión
Indicó, además, que el Gobierno tiene la intención de que el
país alcance el Grado de Inversión en un plazo no mayor de diez años.
Explicó que lograr este objetivo traerá beneficios tangibles
para el país. Por un lado, se podrá atraer mayor inversión extranjera; el
sector privado podrá acceder a menores tasas de interés para financiar sus
expansiones y la población en general podrá hacer lo mismo para la compra de su
vivienda.
Dijo que el país debe mejorar su calificación de riesgo, que
es una puntuación que las agencias calificadoras calculan en función de una
batería de indicadores económicos. El funcionario agrupó los indicadores en
cuatro grandes grupos: temas estructurales e institucionales; desempeño
macroeconómico, finanzas externas y, por último, las finanzas públicas.
“Existen dos elementos que constituyen un ancla de nuestra
calificación: el primero es el aspecto institucional, y el segundo, el estado
de las Finanzas Públicas”, precisó.
Diario Libre