El pasado 6 de abril, hace 14 días, el Consejo Económico y
Social (CES) abrió una consulta pública para que la población presente sus
propuestas sobre el fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina
(CTPC) y hasta ahora solo una persona ha participado en la misma.
Hasta ayer el CES solo había recibido un documento con las
recomendaciones del ingeniero civil especializado en proyectos hidroeléctricos
y otros temas del sector eléctrico, Bernardo Castellanos.
¿Qué propone Castellanos?
El documento presentado por Castellanos contiene 27
propuestas y la primera de ellas establece que el contrato de fideicomiso de la
CTPC debe retirarse de manera formal del Senado de la República.
En segundo lugar Castellanos plantea que debe debatirse
ampliamente la constitucionalidad o no de la figura del fideicomiso público
debido a que connotados juristas sostienen que es incompatible con la
Constitución.
El experto plantea además que el comité técnico, que
actualmente preside el empresario Celso Marranzini, no puede tener tanta
discrecionalidad y “manos sueltas”, como esta consignado en el contrato del fideicomiso,
porque se le otorga “un cheque en blanco” y “poderes casi ilimitados”.
“El comité técnico deberá estar conformado por funcionarios
públicos exoficios, donde se nombra el cargo y no personas específicas. Deberán
formar parte del comité técnico, como mínimo, el ministro de Hacienda, quien
deberá presidir; el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; el
gobernador del Banco Central; el presidente del Fondo Patrimonial de la Empresa
Reformada (FONPER) o la institución estatal que la sustituya”, plantea
Castellanos en su propuesta.
Agrega que si se desea incluir personas que no sean
funcionarios públicos, no deberán ser nombradas de manera específica, por
nombres y apellidos y que cuya selección deberá realizarse mediante un concurso
público por oposición.
Endeudamiento
Castellanos plantea en el nuevo contrato debe establecerse
un límite al endeudamiento permitido al fideicomiso, así como las condiciones o
circunstancias en que este sería permitido.
Los procesos de compras y contrataciones de la CTPC tienen
que hacerse bajo la sombrilla de la ley general de compras y contrataciones,
por lo que el comité técnico no debe tener potestad para elaborar ningún
reglamento para estos fines.
Castellanos recomienda que en el contrato del fideicomiso
deberá establecerse de manera “taxativa, explicita y precisa” que al finalizar
el mismo la central termoeléctrica sea entregada al Estado por lo menos las
mismas condiciones en que fue recibida.
El experto agrega que se debe continuar con el proceso de
licitación para la contratación de la empresa extranjera con experiencia,
solvencia económica y técnica para que se haga responsable de la operación y
mantenimiento de la CTPC.
Finalmente, entre otras propuestas, Castellanos plantea que,
en el ínterin, la central puede seguir operando bajo la sombrilla de la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), con el control
y fiscalización financiera que ejerce el Ministerio de Hacienda, entidad que,
afirma, retira como mínimo US$15
millones mensuales, lo que equivale a unos US$180 millones anuales.
Consulta pública
La consulta pública abierta por el CES inició el 6 de abril
y se mantendrá durante 25 días. Pueden participar todos los ciudadanos o
instituciones interesados en presentar recomendaciones para mejorar el proyecto
presentado por el presidente Luis Abinader en septiembre del 2021 mediante el
decreto 538-21.
Quienes deseen participar en la consulta pública pueden
enviar sus aportes de no más de 15 páginas y en formato digital al correo
cesconsultafideicomiso@gmail.com. El proponente debe estar identificado con sus
datos generales.
El CES dispuso hacer esta convocatoria en su sesión
ordinaria del jueves 31 de marzo pasado atendiendo una solicitud del
Presidente.
Listin Diario