El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, condenó este jueves la instalación descontrolada de establecimientos de combustibles tanto de gas licuado de petróleo, como de gasolina, las cuales pueden convertirse en una grave amenaza para la seguridad ciudadana, como aconteció con la explosión de la bomba de gas ubicada en el sector Los Ríos, que dejó 19 heridos, varias en estado crítico, además de la destrucción de viviendas.
Participación Ciudadana atribuyó la tragedia a la falta de institucionalidad que vive la República Dominicana y que se refleja en el desorden con que se manejan los permisos otorgados a esas empresas de expendio de combustible.
“Desde Participación Ciudadana, lamentamos que estas situaciones de falta de control y fiscalización, sigan llevando dolor y sufrimiento a las familias dominicanas, por lo que llamamos al presidente Danilo Medina, a que asuma su responsabilidad, como jefe de la administración pública, para que se respete la normativa, se puedan revisar los permisos otorgados y revocar los que no cumplan con lo estipulado en la Ley No. 317-72, de junio de 1972, la cual regula la instalación de estaciones de servicios de combustible”, manifestó la organización de la sociedad civil.
Deploró que las estaciones de combustibles sean construidas en zonas de alta densidad poblacional, cerca de parques, escuelas, hospitales, iglesias, centros deportivos, en una franca violación a las normativas que regulan las instalaciones de estos establecimientos.
Destacó que no se le da supervisión, ni regulación a las plantas de expendio de gas para que modernicen sus instalaciones, revisen sus procedimientos de funcionamiento, ya que tienen de 20 hasta 30 años de creadas. A esto se suma la ausencia de una política pública, que coadyuve a la fiscalización, es lo que lleva a estos desastres que destruyen la vida y las propiedades de los ciudadanos.
En ese sentido, recordó que esa situación no es la primera que se produce en el país, son múltiples los casos que se han generado en los últimos años, sin que los mismos sean suficientes, para que las autoridades asuman de una vez por todas, su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley.
“Esperamos que sea la última tragedia y punto de partida, para frenar el descontrol que existe con las autorizaciones y entregas de permisos de instalación de estas plantas de combustible, de que se pase no sólo de una simple comunicación lamentando los hechos sino a una respuesta contundente, que permita devolver la confianza a la población y que pueda garantizar la seguridad de toda la ciudadanía” puntualizó dicha organización de la sociedad civil.
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