La construcción de un nuevo complejo energético en Manzanillo, provincia Montecristi, bajo la responsabilidad de la nueva empresa líder del Consorcio Pepillo Salcedo-Shanghai Electric Power Construction Co., sin la inversión de parte del Estado dominicano de un solo peso, garantizaría el 75 por ciento de la energía producida para sus distribuidoras, según se establece en la segunda propuesta hecha por la referida empresa.
Al menos, así lo establece la carta que, en fecha 5 de octubre de 2015, es enviada al Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, con copia al Ministro de Energía y Minas y al vicepresidente eEjecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, de parte del presidente del Consorcio Pepillo Salcedo, José Miguel Méndez Cabral, en la que deja claramente establecido que, otra empresa estatal de la República Popular de China, esta vez la Shanghái Electric Power Construcción Cgo., en sustitución de la también estatal Sichuan Machinar &Equipen, Cgo., será la empresa responsable de la inversión y construcción del referido complejo energético.
Según se explica, el interés de la empresa surge ante el interés de retomar el contrato firmado con la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) en fecha 22 de marzo de 2006 y sus enmiendas de fecha 2 de septiembre del mismo año, mediante el cual se le adjudicó una licitación pública internacional de Plantas a Carbón de 1,200 MW, la ejecución de una central térmica a carbón mineral de 660 MW en Manzanillo.
El mismo no logró iniciar, debido a que el Banco de Reservas, aunque habría emitido una carta de crédito stand-by a su favor, no pudo confirmarla con un banco internacional como lo establece el contrato, inicialmente. Esta carta de crédito tiene una validez de 20 años a partir de su emisión.
En ese sentido, al tramitar la nueva propuesta, explican que, adicionalmente, en noviembre del pasado año les visitaron los principales ejecutivos de la empresas asociadas al Consorcio a una reunión con el Banco de Reservas, “con el fin de sondear posibilidades aceptables tanto para el banco como para el consorcio con referencia a la carta de crédito stand-by, la cual solo sirve como garantía de pago de la energía servida, aunque sea mantenido el mismo texto y monto de la carta de crédito emitida”.
A partir de esa visita, se elaboró una nueva propuesta, que al parecer el gobierno ha mantenido oculta, en la que se establece que no se requerirá la referida carta de garantía, misma que sería renovable cada tres meses, tal y como lo expuso el sub-administrador general del Banco de reservas, Guzmán Ibarra, en reunión con los directivos del consorcio.
Asimismo, se propuso un “cambio de los equipos para uso de combustible a gas natural por dos unidades de 400 MW cada una, de ciclo combinado ya existentes y en poder de nuestros asociados de China, iniciando la construcción de la primera unidad conjuntamente con la construcción de la línea de transmisión diseñada de 345 Kv y 107 Km., la cual será financiada a la CDEEE mediante a un contrato BOT (Build, Operate and Transfer, una forma moderna de conjugar recursos públicos y privados para viabilizar obras públicas de envergadura), tal como lo contempla nuestro contrato firmado con CDEEE”.
En tal virtud, el consorcio se hace responsable de terminar ambas obras al mismo tiempo, es decir, en un período más o menos de 14 a 16 meses, a partir de la firma de la tercera enmienda.
El proyecto incluye “la construcción de una terminal para almacenamiento de NGL (tanques), su infraestructura y el respectivo atracadero para barcos transportadores de gas natural, con capacidad para alimentar la central eléctrica y margen para distribución local en la zona y posible exportación”.
El Consorcio Pepillo Salcedo es reiterativo en asegurar que el gobierno dominicano no tendrá que erogar un solo centavo para el proyecto Manzanillo, y tal y como lo establece el contrato ATE, CDEEE, ”obtendrá el 75 por ciento de la energía producida para sus distribuidoras, ya que el restante 25 por ciento estará comprometido con otros clientes que nos han solicitado su interés en adquirir mediante contrato separado a largo plazo”.
Lo extraño del caso es que, mientras el pacto eléctrico se encuentra prácticamente en un limbo por falta de la información requerida en innúmeras ocasiones al sector gobierno, esa propuesta evidencia la falta de transparencia, pues, al parecer, no es de conocimiento de los sectores que confluyen en el mencionado pacto que se desarrolla en el seno del Consejo Económico Social (CES), bajo la dirección de Monseñor Agripino Núñez Collado.
Además, por qué no discutir en el seno del pacto, una propuesta en la que el Gobierno podría salir beneficiado, ya que, según explican, éste no tendría que hacer ningún tipo de inversión, en el preciso momento en que la construcción de las plantas de Punta Catalina, se encuentran semi paralizadas por la falta de financiamiento para su terminación.
Z101digital