El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático
(CNLCC) denunció que la reciente colocación en los mercados internacionales de
500 millones de dólares de bonos soberanos para financiar la construcción de
las plantas de carbón de Punta Catalina, viola las bases de licitación de este
proyecto que descartó explícitamente esta modalidad de financiamiento y lo
declaró no válido.
El colectivo señaló que las Bases de Licitación, Fase de
Oferta y Cierre, en su artículo 14.3.b dice textualmente que “la emisión de
bonos soberanos en el mercado local o internacional no será considerada como
Oferta De Financiamiento Válida”, en la página 27 de ese documento.
Explicó que en la licitación de esta obra se realizó bajo el
modelo de “Llave en mano”, en el cual el contratista se hace cargo de todas las
fases de la construcción del proyecto y se encarga de buscar el financiamiento
del mismo, aunque el Estado corre con la responsabilidad del pago del préstamo.
“Los oferentes para poder participar en la licitación tenían
que presentar una propuesta de financiamiento de un empresa crediticia
debidamente certificada hasta el 80% del total del costo de la obra. De lo contrario
el oferente era descalificado del proceso de licitación”, dijo
Manifestó que a lo largo de estos últimos tres años, ni
Odebrecht ni el gobierno han respetado las bases de la licitación de esta obra,
especialmente en lo referente a su financiamiento.
El organismo llamó a la población a redoblar las
manifestaciones contra el abuso de poder que exhibe el gobierno en Punta
Catalina para obligarlo a rescindir el contrato de Odebrecht en esta y las
demás obras, a inhabilitarla de por vida como contratista del Estado, y a
castigar los sobornos y la sobrevaluaciones.
Recordó que Odebrecht no pudo proveer el financiamiento
comprometido a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social
del Brasil (BNDES), porque este préstamo fue suspendido a causa de que la
justicia brasileña encontró a esta empresa culpable de corrupción en el caso de
Lava Jato y consideró el crédito bajo sospecha de tráfico de influencia.
“Sin embargo, el gobierno en vez de haber rescindido el
contrato con Odebrecht por el incumplimiento del financiamiento, invirtió de
manera ilegal e inconstitucional los ahorros de la factura petrolera en la
construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina para suplir la ausencia
del financiamiento de BNDES”, afirmó.
Calificó de abuso de poder el comportamiento del gobierno en
la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina que no ha respetado
ni las bases de la licitación, ni la Ley General sobre Medio Ambiente y
Recursos Naturales No. 64-00, ni la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo
No. 1-12, ni la Constitución de la República,
ni ninguna otra norma legal.
Puso como ejemplo de este abuso de poder que a pesar de que
las bases de la licitación descartaban los bonos soberanos como vía de
financiamiento válida, en el contrato que el Estado suscribió con Odebrecht el
14 de abril del 2014 y que fuera aprobado por el Congreso Nacional el 21 de
mayo de 2014, en su artículo 6.5.2. se introduce esta modalidad de
financiamiento.
“Este contrato no podía contrariar las bases de la
licitación sin que resultara en una manifiesta ilegalidad y por tanto, adolecen
de nulidad los aspectos de este contrato que son contrarios a las bases de la
licitación, como es el caso de los bonos soberanos”, aclaró.
Observó que la emisión y venta de los recientes bonos
soberanos es un nuevo acto de abuso de poder que demuestra que el gobierno
continuará su alianza con Odebrecht aunque esta empresa sea culpable de actos
delictivos en Punta Catalina.
Indicó que el gobierno recurre a los bonos soberanos para no
tener que responderles a los bancos europeos que suspendieron el desembolso del
financiamiento a Punta Catalina hasta establecer datos concretos sobre los
sobornos realizados por Odebrecht en esta obra.
Planteó que el gobierno ha dado por un hecho la corrupción
de Odebrecht en Punta Catalina y por tanto la cancelación definitiva del
financiamiento europeo, por lo que se ha adelantado a buscar otro
financiamiento aunque esté reñido con las bases de la licitación del proyecto y
sea en peores condiciones de pago.
“A pesar de que el registro de suplidor del Estado de
Odebrecht está suspendido desde febrero por la Dirección General de
Contrataciones Públicas, el gobierno le ha entregado a esta empresa 9 mil
millones de pesos de enero a mayo último, y ahora le entregará los 500 millones
de dólares de la venta de los bonos soberanos”, subrayó.
El organismo llamó a la población a redoblar las
manifestaciones contra el abuso de poder que exhibe el gobierno en Punta
Catalina para obligarlo a rescindir el contrato de Odebrecht en esta y las
demás obras, a inhabilitarla de por vida como contratista del Estado, y a
castigar los sobornos y la sobrevaluaciones.
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