Oslo. Ciudades desde Oslo a Sídney están fijando unos
objetivos para frenar el cambio climático que superan las metas de sus
respectivos países, provocando tensiones con los gobiernos nacionales sobre
quién controla las decisiones sobre energías, transportes y construcción
verdes.
Más de 2.500 ciudades han presentado sus planes para frenar
las emisiones de dióxido de carbono a Naciones Unidas desde finales de 2014,
dando ejemplo a los casi 200 países que alcanzaron el Acuerdo de París a
finales de 2015 para luchar contra el calentamiento global.
Aunque no hay una recopilación de estadísticas oficiales
disponibles, muchas metas de gobiernos locales son más ambiciosas que las
fijadas por las naciones en el acuerdo de París, que no impone obligaciones a
las ciudades, regiones o empresas para que definan sus objetivos.
Algo más de la mitad de la población mundial vive en zonas
urbanas, lo que implica que los municipios ayudarán a decidir si triunfa o
fracasa la histórica transición de combustibles fósiles a energías más limpias
acordada en París.
Pero mientras muchas ciudades dan un paso al frente, los
gobiernos nacionales son reacios a ceder el control.
La tendencia es más clara en ciudades acaudaladas, que son
más capaces de reducir las emisiones para cumplir las demandas de unos votantes
más concienciados con el medio ambiente que en ciudades de rápido crecimiento
como Bangkok, Nairobi o Buenos Aires.
"Las ciudades comienzan a traspasar sus límites sobre
decisiones a nivel nacional", dijo Seth Schultz, director de análisis en
el grupo de clima con sede en Nueva York C40, que incluye la mayoría de las
mega urbes del mundo, desde Tokio a Los Ángeles.
"Habrá cada vez más conflictos", dijo, en relación
a las decisiones para frenar la contaminación del aire local y ayudar a un
objetivo más amplio para limitar las sequías, los corrimientos de tierras, las
olas de calor y la subida del nivel del mar.
La tendencia es más clara en ciudades acaudaladas, que son
más capaces de reducir las emisiones para cumplir las demandas de unos votantes
más concienciados con el medio ambiente que en ciudades de rápido crecimiento
como Bangkok, Nairobi o Buenos Aires.
Otro ejemplo de la creciente fricción: Oslo, donde el
ayuntamiento de izquierda están enfrentado con el gobierno noruego de derecha
por su impulso en reducir en más de la mitad las emisiones de gases de efecto
invernadero de la capital en cuatro años a unas 600.000 toneladas, una de las
reducciones de emisiones más radicales del mundo.
El plan para la ciudad de 640.000 habitantes incluye zonas
libres de coches, "obras libres de combustibles fósiles", altos
peajes de carreteras y captura de gases con efecto invernadero en la
incineradora de residuos de la ciudad.
En una muestra del poder de las ciudades, un estudio de 2016
preveía que los planes climáticos de ciudades y regiones podrían aportar un
recorte extra de 500 millones de toneladas anuales de emisiones para 2030 -
equivalentes a las emisiones de Francia - adicionales a las promesas de los
gobiernos.
"Los beneficios están muy localizados en las ciudades -
menos contaminación aérea, mejor transporte público", dijo Niklas Hoehne,
uno de los autores del organismo de investigación NewClimate Institute, en
Alemania.
Contaminación diesel. Pero esto no casa siempre bien con los
gobiernos nacionales. Muchas de las ideas de Oslo son aborrecidas por los
votantes del derechista Partido del Progreso, que gobierna en Noruega en
coalición con los Conservadores.
La vicealcaldesa Lan Marie Nguyen Berg dijo que el gobierno
retrasaba los planes de Oslo para los nuevos peajes, que alcanzan las 58
coronas ($7 dólares o 6,3 euros) para los coches diésel en hora punta.
El ministro de Transporte Ketil Solvik-Olsen, del Partido
del Progreso, dijo que el ministerio estaba cooperando.
Una carta del ministerio obtenida por Reuters indicaba que
la administración noruega de carreteras públicas designase un sistema
informático nacional para las carreteras de peaje medioambiental en lugar de
sólo uno para Oslo - la única ciudad que quiere el sistema.
La carta dijo que los trabajos extras retrasarían el
proyecto en tres meses hasta octubre de este año.
"Eso conviene al Partido del Progreso", dijo un
responsable del Gobierno, porque las elecciones nacionales están previstas en
septiembre y el partido no se verá asociado con impopulares peajes. La ciudad
también ha sido lenta a la hora de enviar sus planes en detalle.
Buses v/s trenes. En otras ciudades del mundo también
existen trabas a medida que impulsan sus propios objetivos de emisiones, que a
menudo superan las de los propios gobiernos nacionales.
En Australia, Sídney está en plena disputa con el Gobierno
de Canberra porque la ciudad quiere generar más electricidad sin pagar elevados
cargos por usar la red nacional, dijo el alcalde Clover Moore.
Sídney es un generador de electricidad con sus iniciativas
solares, pero tiene que pagar "las mismas cargas que una instalación
remota de carbón o gas que exporta su energía a cientos de kilómetros",
dijo.
La comisión del mercado eléctrico australiano dijo en
diciembre que el plan de la ciudad sería demasiado costoso, calculando unos
costes extraordinarios de 233 millones de dólares australianos para los
consumidores en 2050.
Moore rechazó estas conclusiones, diciendo que supondría un
sistema más justo en general.
El alcalde de Copenhague, Frank Jensen, dijo que sus
homólogos "de ciudades de todo el mundo piden más legislación... para
hacer más verdes nuestras ciudades".
Jensen se quejó de que los cargos abonados al gobierno por
la electricidad de la red nacional empleada por los autobuses verdes en
Dinamarca -con frecuencia gestionados por los ayuntamientos- eran demasiado
elevados en comparación con lo de los trenes controlados por el Gobierno
central a escala nacional.
Pero quizás en ningún sitio la diferencia entre gobierno
nacional y local sea tan áspera como en Estados Unidos.
El presidente Donald Trump rechaza el consenso científico de
que el cambio climático está provocado por el hombre y dijo durante su campaña
que "cancelaría" el Acuerdo de París y favorecería la producción
interna de combustibles fósiles. Pero los planes de Trump siguen siendo poco
claros - desde entonces el presidente ha dicho que tiene "la mente
abierta" respecto a París.
Si Trump relaja la normativa sobre el aire, centrales de
energía o vehículos "las ciudades tendrán más responsabilidad para
implementar programas que tapen agujeros", dijo Amy Petri, de la oficina
de sostenibilidad de la ciudad texana de Austin.
Eso haría difícil que Austin alcance sus objetivos de
emisiones en 2020, añadió. Los alcaldes de 12 grandes ciudades de Estados
Unidos, entre ellas Austin, Los Ángeles, Chicago o Boston, reafirmaron esta
semana su compromiso con el Acuerdo de París.
americaeconomia.com