De los 14 proyectos que ha manejado el conglomerado
brasileño Odebrecht, en los 16 años que ha operado en República Dominicana, por
lo menos 10 sufrieron modificaciones en sus presupuestos o adendas, que les han
costado al Estado dominicano unos 830 millones de dólares más del presupuesto
original destinado para esas obras, de manera injustificada. Tal es el caso del
Acueducto Línea Noroeste, obra iniciada en gobierno de Hipólito Mejía, la cual
costaría a los contribuyentes US$ 220 millones, terminó su construcción con un
valor de US$ 251, 500, 000. Es decir, un 14 % más del monto contratado.
Situación similar ocurrió en el proyecto de construcción de la Hidroeléctrica
Palomino, que en un principio se planteó en 225 millones de dólares. Sin
embargo, en su inauguración, se conoció que había costado unos US$ 400
millones; es decir US$ 175 millones por encima de su costo inicial. La Hidroeléctrica
Pinalito, la cual se programó para costar US$ 131 millones, concluyó en 300
millones de dólares, es decir, 169 millones más al momento de su inauguración,
o visto de otra forma, más de un 129 % al monto inicial.
Otro trabajo adjudicado a Odebrecht y que experimentó
cambios en su precio fue Ecovías de Santiago, para el cual se dispondría de US$
270 millones. Parte de este proyecto vial fue la reconstrucción de la
Circunvalación Norte, la cual se había estimado en 49 millones de dólares, pero
terminó costando 138 millones, 181 % más que el monto inicial. Hasta la fecha,
no se ha revelado el costo final del proyecto.
También los precios de los acueductos de Samaná y Hermanas
Mirabal fueron incrementados. El primero por US$ 60 millones, pasando de un
presupuesto de US$ 115 millones a US$ 175 millones, y el segundo pasó de US$ 51
millones a US$ 110 millones, para una adenda de 59 millones de dólares. En el
caso del acueducto de Samaná, el aumento correspondió a un 52 %, mientras que
el de Hermanas Mirabal fue de un 115 %. “La ley de compras y contrataciones es
muy clara y establece porcentaje de un 25 por ciento sobre el cual se puede
hacer un addendum que incremente el monto. Pero en varias de las obras de
Odebrecht tenemos que es más del 100 por ciento”, asegura Carlos Pimentel,
miembro de la institución no partidista Participación Ciudadana, quien señala
estos incrementos como una clara irregularidad que a los controles del estado
dominicano. Destaca que si bien, la posibilidad de una adenda a una obra no es
una irregularidad, ya que se trata de una modificación dispuesta en la ley
340-06, sobre Compras y Contrataciones, los proyectos ejecutados por la
empresa, cuyo presidente fue condenado en Brasil por corrupción, no han tenido
una justificación y además superan el porcentaje establecido en la normativa.
La ley de compras y contrataciones establece en su artículo 31, numeral dos,
que se podrá modificar, disminuir o aumentar
hasta un veinticinco por ciento del monto del contrato original de la
obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten
circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso
de contratación, y esa sea la única
forma de satisfacer plenamente el interés público. “Si varía en un monto
superior, probablemente estamos hablando de que no hubo las previsiones
necesarias, que no hubo niveles de planificación y que estamos probablemente a
la ejecución de una obra distinta a la que se planteó en el contrato original”.
El nueve de julio del 2009, durante un acto encabezado por el entonces
presidente Leonel Fernández, junto al ministro de Obras Públicas de su
gobierno, Víctor Díaz Rúa, dio inicio la construcción del Corredor Duarte, una
ambiciosa obra de ingeniería compuesta por seis elevados y un túnel, con los
cuales se agilizaría el tránsito en la entrada y salida de Santo Domingo hacia
la zona norte del país, y que según el mandatario, tendría un costo superior a
los US$ 163 millones, dinero que sería obtenido a través de un préstamo con el
Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), de Brasil.
Un año después del anuncio de la construcción del proyecto,
el ministro de Obras Públicas indicó que costo total sería de US$ 204 millones.
Sin embargo, los trabajos ejecutados por el Consorcio Corredor Duarte, formado
por la firma Odebecht y la dominicana Ingeniería Estrella, concluyeron en casi
US$ 300 millones.
Estado define túnel de la Ortega y Gasset como una maravilla
de la ingeniería. Foto de EFE.
Díaz Rúa, en declaraciones a los medios el miércoles 9 de
febrero del 2011, justificó el incremento del costo por la inclusión de dos
elevados no contemplados en el diseño original y el túnel que llega hasta la
Universidad Autónoma de Santo Domingo desde la avenida Ortega y Gasset. No
obstante, al momento del anuncio del Corredor Duarte en 2009, se informó que el
viaducto estaba incluido en el proyecto. “Lo que se está presentando es un gran
desorden y esto se presta a malos manejos, a desviación de fondos y a mala
planificación, lo que no tiene porqué ocurrir”, indica el economista Miguel
Ceara Hatton, quien señala que las adendas no han sido justificadas. Al igual que
Carlos Pimentel, el también director de Políticas Públicas del Partido
Revolucionario Moderno (PRM) indica que si bien es normal que obra tenga que
ajustar los precios en los costos, en el país se ha mantenido de manera
sistemática el incremento del costo de las obras en un 50 o 100 por ciento de
lo que se licita. “Modificar a su antojo” Las modificaciones han sido también
objeto de debate. Carlos Pimentel, director del área de Transparencia de
Participación Ciudadana, destaca que las modificaciones a los planes
originales, si bien están contempladas en la ley 340-06, sobre Compras y
Contrataciones, como una atribución que posee el contratista, los cambios se
efectúan de manera poco transparente. Explica que en un proceso de licitación,
una empresa podría presentar una oferta de un monto económico inferior junto
con su propuesta técnica y para que le sea adjudica esa obra, pero con la
maniobra fraudulenta de que durante la ejecución de la obra, se van realizando
adendas por modificaciones para incrementar el monto inicial del proyecto obra.
“Es una modalidad parecida a lo que se conoce como el fraccionamiento del
precio, que es para evadir una modalidad de contratación distinta. Obviamente
podemos estar ante una modalidad fraudulenta de enriquecimiento ilícito”,
sostiene Pimentel.
En ese sentido, asegura que en el caso de Odebrecht, se da
una combinación: se utiliza de una forma excesiva las adendas en cada una de
sus obras, y regularmente estos anexos incrementan el monto del contrato
inicial, y por otra parte se trata de obras, según señalamientos, ya
sobrevaluadas. “Se puede entender la inflación… ajuste en el tipo de cambio…“,
indica al otro lado del teléfono, el economista Miguel Ceara Hatton, al ser
entrevistado sobre el porqué del aumento de las obras. “A menos que sea una
obra que se duplique el tamaño, lo cual no ha sido el caso. Los casos que vemos
es que por lo mismo, se va a pagar más. En el caso de Pimentel, asegura que
debido a que muchos de los contratos entre la empresa Odebrecht y el Estado
dominicano involucran endeudamiento con la banca bilateral, se trataría de un endeudamiento ilegítimo, empleado para
“financiar sobrevaluaciones, irregularidades, violaciones normativas”, en la
dirección de incrementar el monto de la obra, en un porcentaje superior al que
la ley de Compras y Contrataciones prevé. Investigación e indemnización
Esta cifra incluye la construcción de las
plantas de carbón Punta Catalina, la obra más costosa hasta el momento que ha
emprendido la compañía brasileña en el país. Tras el conocimiento de que la
compañía pagó sobornos por US$ 92 millones en República Dominicana en sobornos
entre 2001 y 2014 a “funcionarios e intermediarios del Gobierno”, para favorecer
la adjudicación de las obras, lo que produjo un beneficio de USD$ 163 millones,
la Procuraduría General de la República inició las investigaciones en el país
caribeño, sin que hasta el momento haya un detenido.
Desde su llegada hasta la fecha, la empresa constructora
Odebrecht ha manejado proyectos que ascienden a los USD$ 4, 795 millones al
sumar las adendas
Dentro de los trabajos que ha encabezado Jean Alain
Rodríguez, procurador general de la República, estuvo el acuerdo alcanzado
entre la empresa y la Procuraduría – posteriormente declarado inadmisible por
el juez Alejandro Vargas –, además del establecimiento (por ley) del pago del
duplo de los valores utilizados para sobornar a funcionarios públicos
dominicanos. Sin embargo, y a pesar de que Rodríguez ha asegurado que las
investigaciones no se limitan al pago de la multa por los sobornos, que
asciende a US$ 184 millones, el funcionario ha recibido numerosas críticas por
no exigir la devolución de los US$ 163 millones que la misma empresa confesó haber
obtenido gracias al pago de coimas. Asimismo, ha sido criticado por no
investigar las posibles sobrevaluaciones en las que habría incurrido la
compañía constructora.
“La Procuraduría General de la República está concentrada hasta ahora en los sobornos
y tratando de buscar un acuerdo con la empresa, pero no ha enviado señales de
investigar las sobrevaluaciones. El caso de Odebrecht son 17 casos. Esto quiere decir que todas las obras
vinculadas a esta empresa probablemente tengan que ser investigadas”, subraya
Carlos Pimentel, miembro de Participación Ciudadana. Recuerda además que la
Cámara de Cuentas, de acuerdo a la ley 10-04, tiene la facultad y la
competencia para auditar cada una de las obras de Odebrecht, esto para poder
determinar e l monto de las sobrevaluaciones y cuantificar de forma precisa el
daño que ha causado esta empresa al erario público. “Todavía no podemos hablar
de indemnización porque no se ha cuantificado el daño real que esta empresa ha
causado al Estado dominicano y por el cual debe pagar la indemnización”. Punta
Catalina Punta Catalina ha nacido como el buque insignia de la administración
del presidente Danilo Medina, un proyecto que no ha estado exento de críticas y
cuestionamientos sobre el costo de la edificación, así como el proceso de
licitación y adjudicación. Un buque que costará a los dominicanos US$ 1, 945
millones. El pasado 10 de enero, Medina nombró una comisión para indagar sobre
la licitación y adjudicación Central Termoeléctrica Punta Catalina,
independiente a la investigación independiente que efectúa el Ministerio
Público. La obra continúa en manos de la empresa brasileña, la cual hasta la
fecha no ha sido inhabilitada. “Las organizaciones del Movimiento Verde han
estado planteando la necesidad de cancelar todos los contratos con Odebrecht en
el país como lo establece la ley de compras y contrataciones, en su artículo
14, numerales del 8 al 10, además del artículo 66 de dicha normativa”, indica
Pimentel, quien recuerda que dos miembros de la Comisión de Licitación de Punta
Catalina – Isidoro Santana, actual ministro de Economía del Gobierno, y Ramón
Flores – no firmaron el acta de adjudicación del concurso. Pimentel aclara de
inmediato, que cancelar los contratos no quiere decir que se paralice la
construcción de la obra. “Debe continuar – Punta Catalina – con una firma que
no haya confesado que entregó sobornos para adjudicarse una obra de esta
magnitud”, agrega.
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