El opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó este miércoles su firme rechazo a que una consultora estadounidense realice la auditoría de costos y procesos sobre la adjudicación de una termoeléctrica que construye en el país un consorcio encabezado por la constructora brasileña Odebrecht.
La semana pasada, la comisión designada por el presidente dominicano, Danilo Medina, para investigar el proceso de licitación y adjudicación de la central termoeléctrica anunció que la firma estadounidense FTI Consulting sería la encargada de la investigación, tras realizar un proceso de licitación para examinar los aspectos técnicos de tres compañías consultoras.
Según un documento firmado por el presidente y el secretario general del PRM, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, respectivamente, FTI Consulting trabajó desde 2011 hasta 2016 al servicio de Odebretch, empresa objeto de investigación por los sobornos que admitió haber pagado para acceder a obras públicas en el país por valor de 92 millones de dólares.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África, entre ellos República Dominicana.
El principal partido opositor dominicano resaltó que la prensa internacional ha publicado numerosos reportajes y documentos públicos en los cuales se informa sobre las operaciones de FTI Consulting, hasta hace apenas tres meses, a favor de Odebretch en materia de comunicación estratégica y asistencia técnica en litigios, tanto en Colombia como en Brasil.
La licitación de la central termoeléctrica que se construye en Punta Catalina (sur) y el contrato de ingeniería supuso la adjudicación de 1.945 millones de dólares al consorcio encabezado por Odebretch en 2013.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos en los que detallaba presuntos sobornos por unos 788 millones de dólares de parte de la empresa brasileña en 12 países de América Latina y África, entre ellos República Dominicana.
La multinacional y la Procuraduría dominicana firmaron en enero pasado un acuerdo a través del cual Odebrecht se compromete a pagar el doble de los 92 millones de dólares que aseguró haber entregado en calidad de sobornos.
Sin embargo, el pasado 1 de marzo un juez declaró inadmisible este procedimiento debido a que, en el mismo, la Procuraduría apeló a la figura de la conciliación, una acción que se utiliza para dirimir conflictos “entre querellantes y querellados”, lo que no procede en este caso, de acuerdo con el fallo emitido por el magistrado, por lo que el acuerdo fue devuelto a las partes.
El procurador general dominicano, Jean Alain Rodríguez, está pendiente de informar sobre el proceso a seguir para la homologación del acuerdo. EFE
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