En un mes y medio los dominicanos contarán con nuevas autoridades que asumirán sus posiciones en medio de una crisis sanitaria y económica y con retos en sectores tan vitales para el desarrollo del país como el eléctrico.
Mejorar la eficiencia de las empresas distribuidoras públicas, la firma del pacto Eléctrico, ordenado por la Ley Nacional de Desarrollo 2030 y el cual tiene un retraso de ocho años, y el destino de la central de generación Punta Catalina, son parte de los desafíos que enfrentará el próximo gobierno.
En promedio, de enero a marzo del 2020, las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) acumulaban pérdidas de 27.5 %, aunque la cifra representa una disminución con relación al 27.7 % y 29.5 % registrado en igual período de 2019 y 2018, respectivamente
En el primer trimestre del año, la EDEEste figura como la peor de las tres distribuidoras, acumulando pérdidas por el orden del 40.9 %, seguida de EDESur con el 21.2 % y EDENorte con el 19.8 %, según las estadísticas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Para reducir las pérdidas en el sistema de distribución eléctrica, las nuevas autoridades deberán invertir US$1,000 millones, US$500 millones en el primer año, US$300 millones en el segundo y US$200 millones en el tercero, según plantea Bernardo Castellanos, experto en el tema eléctrico.
“Este plan de inversión produciría a partir del segundo año, el punto de inflexión y torniquete a la hemorragia financiera en el sector eléctrico. Lo que no se invierta en reducción de perdidas, tendrá que transferirse como gasto improductivo a través de subsidios”, advierte Castellanos.
En los últimos siete años, el Gobierno ha transferido al sector eléctrico US$11,400 millones, de acuerdo a lo declarado por el presidente Danilo Medina en su discurso del pasado 27 de febrero, recursos destinados a cubrir el déficit financiero de las empresas públicas y a la CDEEE.
Además, considera el experto, las EDE deben ser sometidas a
un proceso de reducción de gastos corrientes, al igual que la CDEEE, la Empresa
Generadora Hidroeléctrica Dominicana (EGEHid), la Empresa de Transmisión
Eléctrica Dominicana (ETED) y la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
El pacto y Punta Catalina
La Ley de Desarrollo, que entró en vigencia en enero de 2012, establece en su artículo 35 que un año después de haberse promulgado la legislación se debía arribar a un acuerdo que pusiera fin a la crisis en el sector eléctrico, pero el pacto sigue pendiente de firma.
Sin embargo, las nuevas autoridades no deben esperar la firma del pacto Eléctrico para implementar un plan de acción, debido a que los déficits financieros del sector son crónicos y no pueden esperar que el acuerdo sea suscrito, señala Castellanos.
“Es probable que el Pacto Eléctrico sea retomado en el 2021. El sector social se retiró, lo que significa que una reanudación de las discusiones del mismo implicara una revisión de los disensos”, agrega.
La firma del pacto, que busca lograr un sistema eléctrico confiable, eficiente, transparente y sostenible, fue suspendida en febrero del año pasado sin que hasta el momento se conozca nueva fecha.
Serán las nuevas autoridades que tendrán los dominicanos a partir de agosto las responsables de completar o cancelar el proceso de venta de acciones en la central termoeléctrica Punta Catalina, cuya construcción ha estado involucrada en escándalos de sobornos y corrupción.
Además, Bernardo Castellanos sostiene que el nuevo gobierno
deberá realizar varias licitaciones públicas para auditar a Punta Catalina,
cuya obra, según asegura el experto, le ha costado al Estado US$3,300 millones.
Diario Libre