La sucesión de decisiones de políticas públicas desacertadas por todos los gobiernos desde 1997 ha instaurado un marco institucional deficiente y disfuncional para regular todos los agentes del mercado eléctrico, en perjuicio de los consumidores finales.
El planteamiento lo hizo la abogada y especialista en temas eléctricos Mirna J. Amiama, durante su participación en el panel “Derecho y regulación eléctrica post covid-19”, realizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR).
“El Gobierno central, al margen de Ley General de Electricidad No.125-01, le confirió el control absoluto del sector a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la cual es tocada por intereses políticos, marginando así a la Superintendencia de Electricidad (SIE) en su papel de regulador del sistema y a la Comisión Nacional de Energía (CNE) como definidor de políticas”, dijo.
En el panel participaron además la consultora internacional guatemalteca Silvia Alvarado, el ingeniero eléctrico Rodolfo Fermín y la experta en derecho empresarial y legislación económica Elisa Veras, quienes coinciden en que República Dominicana necesita despolitizar un servicio estratégico como es la energía eléctrica.
Alvarado explicó que hace 20 años la mayoría de los países, por el colapso de todos sus sectores de electricidad, tuvieron que reformar y reestructurar de fondo la forma en que desarrollaba el servicio de electricidad, lo cual “era algo muy teórico”.
Sin embargo, 20 años después, la experiencia demostró qué funciona y qué no, por lo que la despolitización de un servicio estratégico como es la energía eléctrica fue uno de los factores más importantes que produjo esa reforma, dijo.
“Cuando manejas el sistema eléctrico con criterios políticos, es imposible recuperar los costos del servicio, por lo que no resulta sostenible y, dentro de ese esquema habrá usuarios cuyos ingresos no les van a permitir pagar la tarifa completa del servicio y en ese caso, el rol subsidiario del Estado debe mantenerse y debe ser muy enfocado y directo, para tratar de no distorsionar los mecanismos del mercado, para que funcione”, dijo.
Afirmó que, en el caso de República Dominicana, no es el mejor ejemplo, ya que es “un barril sin fondo” cuando se trata de subsidiar “todo sin medidas”. Añadió que lo que se regala no se aprecia, por lo cual es muy importante para el país mantener la política de pago para que un mercado funcione.
En ese sentido, J. Amiama explicó que el Gobierno central renunció de facto a cumplir con la regulación de tarifas que se había diseñado al momento de la reforma y procedió a subsidiar la de los usuarios regulados, al margen de la regulación, por lo que esa decisión de política pública es una de las causas del déficit financiero del sector eléctrico.
Alvarado entiende que el país debe despolitizar el sector eléctrico, porque es un sector, que ha demostrado que, si se recuperan los costos, “es rentable”.
“Si el Gobierno central decide mantener un modelo estatal, debe ser tal cual, pero la verdad es que los países emergentes no tienen los recursos fiscales para mantener el sector eléctrico estatal y se demostró en el colapso de ese modelo en algunos países hace 20 años”, especificó.
Aseguró que los países que hoy hacen mix del modelo abierto con uno estatal siempre están luchando por sobrevivir, porque en la mayoría de los casos, no funciona ni a uno ni al otro.
La experta en derecho empresarial y legislación económica aseguró que el respeto a la norma es un tema crítico en República Dominicana y es un reto que el país aún enfrenta, ya que cuando se emite una ley con un diseño, de repente se cambia el diseñador que la está ejecutando y, aunque la norma se mantiene, cambia la manera en que se debe aplicar se distorsiona.
“Cualquier esquema puede funcionar, siempre que se planifique y se cumpla. Lo que no funciona es tener una ley para el sector privado, hacerlo estatal y seguir el mismo sistema estatizado, pero con la ley que se supone que es privada y, cuando eso no te funciona, no por ley o reglamentos, sino por una autorización que emiten en una agencia (la CDEEE), la cual debería desaparecer, lo cual nos lleva a un tribunal para seguir discutiendo si eso es legítimo o no, con unos jueces que no entienden bien la estructura del sistema eléctrico”, dijo.
Afirmó que en el país existe un menosprecio a la norma y al marco legal establecido, lo cual, a su entender, ha ocasionado todos los problemas del sector eléctrico dominicano. Pero, lo peor es que aún no se ha decidido cuál es el sistema que funciona en el país.
“Se le quiere hacer un rediseño de la estructura jurídica del sector eléctrico, que a lo mejor es buenísimo, pero no se está respetando el marco legal, en base al cual ese rediseño tiene que hacerse”, sostuvo.
En ese sentido, el ingeniero eléctrico Rodolfo Fermín explicó que antes del diseño o rediseño del marco legal, está el cumplimiento. Sin embargo, en el país se están incumpliendo de lo establecido, siendo el mercado mayoritario, la única actividad que ha estado observando la normativa, ya que ha funcionado y ha atraído inversiones.
“Es la única actividad del sector eléctrico donde se puede observar progreso y, aunque tiene deficiencias, de las tres actividades, el mercado mayorista tiene reglas de mercado de acuerdo con la normativa. Las distribuidoras, que fueron concebidas en el marco de una empresa privada, porque si está en la normativa, ahora son administradas con criterio políticos”, dijo.
Sostuvo que eso hace que no esté claro si el Estado es regulador, empresario, agente o técnico, lo cual, a su entender, hace que se produzca un incumplimiento de roles, ya que no puede ser propietario de la red de distribución y al mismo tiempo lo sea de la red de transmisión, porque eso viola principios de acceso de terceros a la red.
Atraer inversión
Alvarado señaló que para que haya inversión de alto capital en el sector eléctrico, se necesita certeza jurídica, ya que alterar las reglas de forma constante, hace que ningún inversionista quiera acudir a ese país a hundir US$300 millones o US$1,000 en el caso de algunos proyectos más grandes, debido a que un inversionista privado necesita tener certeza jurídica.
“Una tarifa técnica transparente tiene que recuperar los
costos de generación, de transporte, las pérdidas y el valor agregado, pero la
parte más importante la tiene el costo de generación”, dijo.
Aseguró que si se hacen los esfuerzos para tener una
generación competitiva y transparente, se podrán conseguir rebajas en precios,
pero es un proceso de muchos años y de mucha estabilidad.
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