La edición 13 de su Boletín Institucional E&M pasa balance a la gestión 2015-2020 del ente rector de los sistemas minero y energético, encabezada por el ministro Antonio Isa Conde, y destaca la elaboración del proyecto de ley para cambiar el marco legal de la industria minera que ha estado vigente por 49 años y necesita una reforma para asegurar al Estado beneficios de la explotación de las riquezas naturales. Este proyecto de ley de la Minería Nacional está siendo estudiado por una comisión bicameral en el Congreso.
Respecto a las explotaciones a pequeña escala, como las de ámbar y larimar, recuerda que en 2019 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 370-19 para regular, fiscalizar, controlar y desarrollar la extracción del ámbar y larimar de forma artesanal bajo los principios de sostenibilidad, precaución, prevención y eficiencia, regulación que permite al MEM formalizar esta actividad.
Siguiendo con este sector, el MEM resalta que el país se adhirió en este período a la Iniciativa para laTransparencia de las Industrias Extractivas (EITI), para para mejorar la apertura y el manejo responsable de los ingresos provenientes de la extracción de recursos naturales. A la fecha se han presentado dos informes de transparencia y actualmente se está terminando el tercero. Todas estas informaciones se pueden consultar en el subportal https://eitird.mem.gob.do/
A 2020 la República Dominicana ha logrado importantes avances para establecer una industria de hidrocarburos. El MEM creó la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos (BNDH), disponible en la web, con las informaciones geológicas y geofísicas recopiladas por medio de actividades deprospección y exploración de hidrocarburos en territorio nacional, en suelo y mar, desde 1904 hasta 2013.
Contiene informaciones de 21,500 kilómetros de líneas sísmicas, más de 1,490 mapas y planos, 805 perfiles sísmicos, 212 registros de pozo, entre otros datos valiosos que a la fecha tendrían un costo de adquisición superior a los US$145 millones. Para eso se invirtió un total RD$27 millones de pesos, o US$540 mil a la tasa de cambio de 2016, cuando se lanzó.
Estas informaciones permitieron definir las áreas de interés para exploración y explotación de petróleo y gas y realizar la primera ronda de licencias del país, de la mano de la firma global Wood Mackenzie.
En noviembre de 2019 el MEM realizó la primera subasta dominicana de bloques de hidrocarburos y adjudicó a la empresa Apache DominicanRepublicCorporation, filial de la estadounidense Apache Corporation, un bloque costa afuera en la cuenca de San Pedro de Macorís para la exploración y explotación de petróleo y gas. Queda pendiente la firma de un contrato especial que debe ir al Congreso Nacional para su aprobación, -que se ha retrasado por la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2-.
El Ministerio ha realizado esfuerzos para ampliar el apoyo de la cooperación y asistencia técnica no reembolsable de parte de gobiernos y organismos internacionales especializados. Entre los principales logros destaca el Proyecto Transición Energética, gestionado por la Agencia de Cooperación Internacional de Alemania (GIZ) con el objetivo de impulsar la transición hacia un sector energético sostenible.
En el marco de este Proyecto Transición Energética el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado (OC-SENI) lanzó en febrero de 2020 su Servicio de Pronósticos de Generación de Energía Solar y Eólica, que asegurará la integración masiva de las energías renovables en forma segura, eficiente y sostenible en el tiempo. La iniciativa cuenta con el apoyo del MEM, el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania y la GIZ.
En septiembre de 2019 el MEM firmó un acuerdo con la Agencia
de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA) mediante el cual esta
entidad financiará un estudio de factibilidad, a un costo de US$1,209,336, para
instalar una terminal de Gas Natural Licuado y una generadora de electricidad
en la costa norte del país, específicamente en Monte Cristi. La USTDA tiene a
su cargo la contratación una empresa de consultoría de los Estados Unidos para
ejecutar el estudio de factibilidad.
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