Al cumplirse el 20 de este mes un año del inicio de las discusiones que darían como resultado la firma de un Pacto Eléctrico, el proceso sigue estancado, debido a las constantes denuncias y demandas de diversos sectores que participan en el mismo, que de acuerdo a diversos observadores consultados sólo han servido para retrasar las discusiones cuando éstas empiezan a formalizarse.
La última de esas denuncias está relacionada con la existencia de una supuesta construcción clandestina de una planta de 600 megas, nada más y nada menos que donde actualmente está en construcción otra central, de 700 megas, en Punta Catalina, provincia Peravia.
Pero no ha sido la primera demanda, ya que al inicio del proceso de discusiones auspiciado por el Consejo Económico y Social, grupos de la sociedad civil plantearon que simplemente se suspendiera el proceso de licitación de la central de Punta Catalina.
Posteriormente, ante el hecho de que al momento de hacerse ese pedido ya el proceso de licitación internacional había concluido y determinarse que la construcción estaría a cargo del consorcio integrado por las empresas Odebrecht, Tecnimont e Ingeniería Estrella, se varió esa demanda.
Posteriormente, ante el hecho de que al momento de hacerse ese pedido ya el proceso de licitación internacional había concluido y determinarse que la construcción estaría a cargo del consorcio integrado por las empresas Odebrecht, Tecnimont e Ingeniería Estrella, se varió esa demanda.
Esos sectores plantearon entonces que existía una carencia de transparencia en el proceso que se desarrollaba para obtener el financiamiento internacional necesario para la construcción de la obra, indicando de paso que había una sobrevaluación, debido a que el proyecto, de mil 900 millones de dólares, de acuerdo a las cifras que manejaba la CDEEE, podía ejecutarse con unos 900 millones de dólares, de acuerdo a una propuesta que había hecho la empresa china Gezhouba.
Llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia, que falló en que el proceso de licitación, que fue evaluado técnicamente por la empresa norteamericana Stanley Consultants Inc. se desarrollo en forma adecuada.
Otros temas que han afectado el desarrollo de las discusiones relacionada con el Pacto Eléctrico fue la polémica entre el sector generador y la CDEEE, donde el primero planteaba que el principal factor de crisis en el sector es la falta de gerencia, particularmente en el caso de las empresas distribuidoras, mientras el ente oficial decía que lo era la generación y a partir de ahí su intención de construir la central de Punta Catalina.
Otros factor, lo ha sido la deuda de las Edes con el sector generador, tema que quedó fuera de la controversia al anunciar el 8 de septiembre de 2015 el presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que las autoridades del sector eléctrico y las empresas generadoras de electricidad firmaron un acuerdo para el pago de 834 millones de dólares.
Las condiciones de la renegociación consisten en un plazo de vencimiento de 59 meses, con pagos mensuales de intereses y capital, a una tasa de interés de 10% anual.
En el acuerdo se contempla realizar pagos mensuales de intereses entre agosto y diciembre de 2015, cuyos montos aproximados varían de US$4.1 millones a US$6.5 millones. Pero a partir de enero del 2016 y hasta julio de 2020, los pagos incluirán la amortización del capital, con una cuota descendente.
UN APUNTE
Contrato
La CDEEE informó que en mayo de 2015 rescindió el acuerdo que suscribió en 2013 con Pinegy Commercial Group para la compra de energía de una planta a carbón de 600 megas que la firma privada se comprometió a construir.
El Nacional