Después de más de cuatro horas reunidos con los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio, manifestó que entregaron al Ministerio Público más de 400 evidencias que sustentan las denuncias sobre hallazgos encontrados en las investigaciones y auditorias realizadas en las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) al Estado dominicano por parte de un presunto entramado criminal de personas y empresas que sustrajeron más de RD$20,000 millones.
“Le depositamos la documentación correspondiente al Ministerio Público para que pudiera iniciar la acción penal y estuvimos hablando sobre los hallazgos presentados. Debemos volver para completar”, sostuvo Astacio al abandonar la Procuraduría General de la República (PGR).
Indicó que a los imputados Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez, Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, y más de 25 empresas nacionales que fueron parte del alegado entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella, hacían frecuentes sobrevaluaciones y compras en exceso.
Astacio señaló: “La presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias Edesur, Edenorte y Edeeste, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”.
Por su parte, el equipo jurídico coordinado por el abogado Miguel Valerio expresó que estos documentos acusatorios se han trabajado por más de siete meses y que existen testigos del caso. Planteó que, a los implicados se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.
Sostuvo que las intensas indagaciones han puesto en evidencia que Edesur, Edenorte y Edeeste acumularon un gran déficit funcional y operativo, debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada.
El entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en: a) contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; b) se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; c) se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y, d) en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.
El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las EDE, sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales.
En la querella se solicita a la Pepca que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDE que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020. Asimismo, se pide al juez de instrucción la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados.
Por último, el
Estado, Edenorte, Edesur y Edeeste, como actores civiles, solicitan evaluar,
provisionalmente y de manera preliminar, en la suma de RD$50,000 millones el
monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por
los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los
intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma.
Diario Libre