A Víctor
Rodríguez Aguirre lo fueron a buscar a su casa en el sector Santa Ana del
barrio Jobos en Guayama.
Era una pieza
crítica.
El joven
padre, residente de la zona más poblada en la periferia de la planta de carbón
AES, sabía lo que era vivir en la pobreza.
Se había
convertido en líder deportivo y se afanaba por echar adelante a su comunidad.
En especial, a los jóvenes que comenzaban a estudiar, sin oportunidad de empleo
en el horizonte.
Sus ansias de
progreso y su influencia en el barrio eran claves para convencer a otros de que
no había nada que temer ante la promesa de que AES invertiría cientos de
millones de dólares en la construcción de una planta generatriz de electricidad
que no solo inyectaría salarios a la región, sino prosperidad.
“Ellos nos
llevaron a Hartford, Connecticut, para ver las facilidades de la AES”, recordó
Rodríguez Aguirre sentado en un sillón, desde el balcón de su hogar. “Y lo que
nosotros vimos ahí era muy positivo, era acorde con lo que nos habían dicho que
se iba a establecer aquí en Puerto Rico”, agregó.
El encanto,
sin embargo, no duró mucho. Desde el barrio de Barranca a Pozuelo, de Puente de
Jobos y Miramar a San Martín, y hasta en Los Mosquitos, la decepción de los
vecinos se propagó tan fácil como la humareda que levantaban los camiones
cargados de cenizas.
“El más
mínimo callejón que había de carretera virgen lo llenaban completamente de las
cenizas. Luego se tapaban con piedra blanca y con otros materiales para
disimularlo”, lamentó Rodríguez Aguirre.
“Y eso no es
lo que se había prometido. Las cenizas no iban a estar aquí en Puerto Rico. Por
esa razón fue que todos pensamos que iba a ser positivo, que valía la pena”,
explicó.
Entre los
años 2004 y 2011, sobre dos millones de toneladas de cenizas tóxicas
descartadas por la planta de generación eléctrica AES en Guayama fueron
convertidas en relleno para nuevas urbanizaciones y vías en ese municipio, al
igual que en San Juan, Dorado, Toa Alta, Caguas, Juncos, Ponce, Santa Isabel,
Coamo, Arroyo y Mayagüez.
Las cenizas
también se usaron como base para charcas, caminos y puentes aledaños a
quebradas, quedaron expuestas a la brisa o la lluvia, y hasta fueron
abandonadas en solares baldíos del sur del país.
Todo esto
ante la mirada indiferente del gobierno de Puerto Rico y de las agencias
federales.
Por eso, al
excavar la tierra, levantar una verja o sembrar un huerto casero en el patio de
una vivienda recién construida en algunos de estos municipios es común
desenterrar capas gruesas de polvo color gris.
AES, la
corporación multinacional que produce las cenizas desde el año 2002 y que
factura casi un millón de dólares diarios a la Autoridad de Energía Eléctrica
por la venta de electricidad generada con carbón, argumenta que este desecho no
es tóxico y que es seguro para la salud de los ciudadanos o el ambiente.
A su favor,
ejecutivos de la empresa esgrimen que la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
federal cataloga las cenizas como un desperdicio no peligroso, que puede ser
reutilizado como relleno en proyectos de construcción.
No obstante,
ante cuestionamientos de grupos ecologistas como Diálogo Ambiental, la misma
agencia ordenó y costeó cuatro años atrás un análisis químico que derrumbó esta
tesis.
El examen
realizado exclusivamente con cenizas de carbón de la planta AES en Guayama
concluyó que este desecho tiende a liberar metales pesados en concentraciones
que exceden hasta 9,000 veces el límite de seguridad permitido por estándares
federales, al entrar en contacto con líquidos y suelo.
Entre estos metales,
investigadores de la Universidad de Vanderbilt en Tennesse y los laboratorios
ARCADIS en Carolina del Norte detectaron niveles excesivos de arsénico, boro,
cloruro y cromo. También rastros dañinos de litio, molibdeno, selenio y talio.
Con estas características
y en estas concentraciones, la agencia federal pudo clasificar el desperdicio
de AES -u otro similar- como una sustancia peligrosa, tóxica y cancerígena,
pero no lo hizo.
Tampoco la
EPA ni su homónimo en la isla, la Junta de Calidad Ambiental (JCA), notificaron
estos hallazgos a vecinos de la planta o a las comunidades impactadas por el
transporte y las descargas del material.
En su lugar,
la EPA integró algunas referencias del informe a su página web y solo ofrece el
estudio final mediante solicitud.
Cóctel mortal
Sobre los
efectos en la salud y el ambiente de altas concentraciones de metales pesados
existe profusa y contundente evidencia.
Por ejemplo,
la Universidad Técnica de Delft en los Países Bajos, uno de los centros de
investigación de mayor prestigio en Europa, señala que la ingesta de arsénico
inorgánico puede intensificar las posibilidades de que se desarrolle cáncer de
la piel, del pulmón, del hígado y linfoma.
A
exposiciones muy altas también puede causar infertilidad y abortos en mujeres,
daño del cerebro e, incluso, del ADN.
De otra
parte, el talio detectado en las cenizas de Guayama -en concentraciones de 14 a
31 veces por encima del máximo permitido- puede ser asimilado por el cuerpo muy
eficazmente a través de la piel, los órganos del aparato respiratorio y el
tracto digestivo, según se desprende de los estudios de Vanderbilt y ARACADIS y
de la Universidad Técnica de Delft.
Utilizado
como uno de los ingredientes activos en el veneno de rata, la ingesta de talio
puede provocar daños al sistema nervioso, daños congénitos en niños y hasta la
muerte.
El análisis
químico comisionado por la EPA detectó además que las cenizas de AES pueden
expedir concentraciones de cromo entre 470 a 9,000 veces por encima del umbral
aceptable.
Estudios
previos, como el financiado por el Departamento de Energía de los Estados
Unidos en el 2006, han coincidido en que el 97 por ciento del total de cromo
que liberan las cenizas de carbón es del tipo hexavalente, un compuesto
altamente tóxico.
Célebre por
su referencia en el filme “Erin Brockovich“, el agua contaminada con cromo
hexavalente causó cáncer a animales según pruebas de laboratorio realizadas por
el Programa Nacional de Toxicología del Departamento de Salud federal, entre
los años 2006 y 2008.
Por su
constitución, las cenizas de carbón son solubles en agua, por lo que es común
que contaminen acuíferos, quebradas o ríos, y hasta puedan ser asimiladas por
plantas, peces y humanos, reconoció el doctor en química, Osvaldo Rosario
López.
El también
profesor de la Universidad de Puerto Rico cuenta con una especialización en
química ambiental de la EPA, labora desde hace una década como asesor para la
Administración de Drogas y Alimentos federal (FDA, por sus siglas en inglés), y
lleva 35 años como investigador.
Rosario
advirtió que la peor parte de los hallazgos de Vanderbilt y ARCADIS es que
donde quiera que se lleven estas cenizas “llevan con ellas esos tóxicos y
cancerígenos. Y llevan entonces el potencial de hacer ese daño en la localidad
donde se tire y a todo el que esté expuesto a esa localidad donde se
dispongan”.
Viven sobre
cenizas
Fotos y
documentos en poder del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) detallan cómo
este desecho tóxico fue a parar al menos a 36 lugares de Santa Isabel, Salinas
y Guayama.
Entre ellos,
las urbanizaciones Parque Gabriela II, Valles de Salinas, Marbella, Vistas de
Salinas, Estancias de Dulces Sueños, Mar del Caribe y Villa Serena.
Asimismo, fue
depositado en espacios comerciales como Arboleda Shopping Court, Porto Fino
Plaza, Los Recreos Plaza y Arroyo Town Center.
También se
identifica un solar de la fraternidad Eta Sigma Alpha, próximo a la playa Punta
Guilarte y cercano a tres pozos de agua, al igual que lugares bajo la
clasificación de zona inundable.
En algunas
imágenes, se evidencia cómo el material llegó hasta el cauce de los ríos Seco y
Guamaní.
La empresa ni
las agencias de gobierno han tomado acción sobre este problema de
contaminación, a pesar de que la denuncia fue consignada desde septiembre de
2012 a ejecutivos de AES, así como a funcionarios de la EPA, la JCA y los
departamentos de Justicia de Puerto Rico y federal, según consta en un Aviso de
Intención de Demanda de la organización de asistencia legal Public Justice.
Por otra
parte, una fuente que pidió no ser identificada declaró al CPI que entre los
años 2004 y 2008 toneladas de cenizas de AES fueron enterradas en terrenos
públicos de alto valor agrícola dedicados a la siembra de hortalizas y
administrados por la Autoridad de Tierras de Puerto Rico en Salinas.
El material
fue mayormente utilizado como sobrecarga para caminos y en algunos casos, el
residuo grisáceo no fue cubierto con otro material.
Entretanto,
AES continúa produciendo cenizas tóxicas de carbón a razón de entre 400 y 1,600
toneladas por día, o alrededor de 300 mil toneladas al año, según datos de la
empresa. Para calibrar la magnitud, un automóvil puede pesar entre una y dos
toneladas.
Por las
características del material y el tipo de vehículo de carga utilizado, parte
del desecho se ha dispersado por las rutas de transporte desde Guayama hasta
los vertederos de Peñuelas y Humacao, lugares que las han recibido, incluso,
sin autorización ni supervisión de la JCA.
Tan reciente
como el pasado 15 de octubre, la JCA reconoció por escrito que durante el 2015
se descargaron de forma ilegal siete mil toneladas de cenizas en el vertedero
de Peñuelas y 350 mil toneladas en el vertedero de Humacao.
Estas
violaciones no han redundando en multas o cancelación de permisos o contratos.
También
radioactivas
Las
interrogantes del por qué las agencias reguladoras no cumplen con la ley o
frenan de una vez la peligrosa disposición del material por la isla, surgieron
nuevamente el pasado año al confirmarse otra sospecha.
Investigadores
de la Universidad de Duke en Carolina del Norte certificaron que las cenizas de
carbón también poseen niveles de radioactividad hasta diez veces mayor que el
carbón “debido a la forma en que la combustión concentra las sustancias
radioactivas”, en la publicación oficial de la Sociedad Química Americana.
“Y ahora
mismo no hay ningún estándar o nivel seguro de exposición para radioisótopos.
Cualquier exposición es inaceptable”, puntualizó Rosario López sobre el
estudio.
Los hallazgos
y conclusiones del equipo científico de Duke coinciden con otro análisis
realizado en el 2010 con cenizas extraídas de la urbanización Parque Gabriela
en Salinas. El laboratorio Test America Savannah certificó que allí había no
solo niveles tóxicos de arsénico, cromo, talio, plomo y molibdeno en este
desecho, sino también presencia de radiación alfa.
Tanto la EPA
como el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos
reconocen que cuando partículas radioactivas son inhaladas, aumenta
significativamente el riesgo de contraer cáncer. Estas partículas se dispersan
con facilidad al ser manejadas, transportadas y descargadas sin mecanismos de
control.
De acuerdo al
más reciente Boletín del Registro de Cáncer de Puerto Rico, los municipios de
Salinas, Coamo, Santa Isabel, Juana Díaz y Ponce registraron mayor incidencia
de todos los tipos de cáncer entre los años 2008 y 2012. Entretanto, se reportó
mayor mortalidad entre personas con cáncer residentes en Guayama, Salinas, Santa
Isabel, Ponce, Peñuelas y Guayanilla.
“¿La EPA sabe
todo esto (de la radioactividad)?”, preguntó el CPI al doctor Rosario López.
“¡Oh! Lo
sabe. Lo sabe muy bien y lo saben los asesores de las compañías de carbón.
Ellos son científicos también”, respondió.
“Y lo que es
totalmente inmoral en esto es que, a sabiendas, se sacrifique la salud y
calidad de vida del pueblo por una avaricia económica. A eso es lo que se
reduce. Dinero”, sentenció.
Según
referencias de la organización Public Justice, a la corporación le costaría
entre $100 y $200 por tonelada disponer correctamente de este residuo, pero ha
preferido no hacer el gasto.
Lista la
bomba de tiempo
Entretanto,
los contaminantes de las cenizas ya se filtran entre el suelo y el Acuífero de
Sur.
Según
advirtió el doctor Rosario López, en todos los lugares donde se han usado
cenizas de carbón como relleno existe actualmente la amenaza de contaminación
irreversible con metales pesados, por lo que “será cuestión de tiempo” que las
concentraciones de tóxicos se filtren hacia abastos de agua como el Acuífero
del Sur, hasta hacerlo inservible.
Sus
señalamientos, empero, no son alarmistas. En una correspondencia interna de la
EPA consta cómo el 7 de noviembre de 2011 la administradora de la Región 2,
Judith Enck, alerta sobre este mismo tema al entonces presidente de la Junta de
Calidad Ambiental, Pedro Nieves Miranda.
Enck expresa
preocupación y menciona a Nieves Miranda desde casos hasta demandas radicadas
en Estados Unidos por la contaminación de acuíferos con elementos tóxicos de
cenizas de carbón.
Esta mención,
sin embargo, no es la única. En poder de la EPA existe profusa evidencia sobre
el contagio de pozos de agua potable con “lixiviados” de cenizas. En especial,
por contaminación con cromo hexavalente.
Por ejemplo,
la agencia federal encontró que el cromo presente en un acuífero contaminado
por un vertedero de cenizas en Ohio alcanzó 1.68 partes por millón, cifra que
excede 84 mil veces la cantidad permitida por normas federales.
En casos más
célebres ocurridos en Estados Unidos -como los de Town of Pines, Indiana y
Chesapeake, Virginia- importantes abastos de agua potable fueron contaminados
con cenizas de carbón que habían sido utilizadas como relleno de construcción,
igual que en Puerto Rico. En 17 estados ya existen sobre una veintena de casos
probados y documentados por la EPA, mientras la entidad estudia al presente
cientos de querellas adicionales.
En los
lugares donde se ha constatado la contaminación con cromo y otros metales
pesados, la extracción de agua ha sido prohibida.
Según el
principal asesor en Puerto Rico para asuntos hídricos de la EPA, Carl Axel
Soderberg Mayoral, el Acuífero del Sur es una elaborada red de pozos de agua
potable que discurre entre los municipios de Guayama a Peñuelas.
De allí se
extraen al menos 35 millones de galones diarios y se sirven alrededor de 140
mil personas del área sur. Para los residentes y empresas de Salinas, es el
único suministro de agua potable.
Aunque dijo
desconocer sobre estudios de la EPA donde se reconoce la toxicidad de las
cenizas de carbón de AES, Soderberg Mayoral describió como crítico el estado
del acuífero, principalmente por la salinización, y reconoció que cernir otra
amenaza sobre el recurso podría ser detrimental para residentes del sur y para
las posibilidades de crecimiento comercial e industrial de la zona.
“El acuífero
del sur está en una situación crítica… y por lo tanto amerita protección
especial”, sentenció.
Sostuvo
además que si en algún momento se llegase a vedar el consumo de este recurso
“va a haber un problema económico social grave”, en especial para el municipio
de Salinas.
“Aunque se
busque el dinero donde no lo hay para traerle un suplido alterno superficial,
habría que estar en un racionamiento extremo, permanente, por varios años
mediante camiones cisternas, porque no hay más ná”, continuó.
“No es si va
a pasar o no, es cuándo va a pasar”, insistió por su parte el doctor Rosario
López.
___
En la tercera
parte de esta serie, un hallazgo del Centro de Periodismo Investigativo revela
cómo cambiaron trasbastidores las reglas del juego para la compañía AES en
Puerto Rico. Además, funcionarios de las agencias de gobierno reaccionan al
problema de las cenizas.
La serie
investigativa Bomba de tiempo, las cenizas de carbón es resultado de una
colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y el periódico La
Perla del Sur, mediante una beca especial de periodismo ambiental otorgada por
Para la Naturaleza, unidad del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico.
Omar Alfonso
| Centro de Periodismo Investigativo
Acento.com.do