Camillo Gonsalves, ministro de Finanzas de San Vicente y las
Granadinas, hizo un breve silencio para darle mayor énfasis a ese fragmento del
discurso. Se encontraba en el Parlamento de su país para presentar el
presupuesto de 2018. Luego de la pausa dijo que su padre, el primer ministro Ralph
Gonsalves, había logrado un acuerdo con Nicolás Maduro, presidente de
Venezuela, para concretar una buena noticia: “el perdón” de aproximadamente 30
millones de dólares de la deuda adquirida con Petrocaribe, convenio a través
del cual el gobierno venezolano ha vendido con créditos flexibles productos
petroleros para países de América Central y el Caribe, como ese archipiélago de
389 kilómetros cuadrados y 110.000 habitantes independiente desde 1979.
Segundos antes, había mencionado que Maduro también perdonó
otros 29 millones de dólares de un préstamo concedido a través del Banco de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), otra plataforma
de integración liderada desde Caracas y de la cual el país caribeño igualmente
forma parte. “El gobierno y el pueblo de San Vicente y Granadinas están
extremadamente agradecidos con el gobierno y el pueblo de Venezuela por este
desprendido gesto de amabilidad y solidaridad”, expresó Gonsalves, mientras se
escuchaba un suave golpeteo en las mesas, a modo de celebración, de los
parlamentarios del Unity Labour Party, que ha gobernado por 17 años
consecutivos en ese país, bajo la égida del padre del ministro.
Camillo Gonsalves no fue noticia continental ese día, 7 de
febrero de 2018, y apenas algunas páginas informativas locales reprodujeron la
noticia que podía interpretarse así: cada habitante de San Vicente y las
Granadinas se había liberado en promedio de una deuda de 544 dólares con
Venezuela. El funcionario, sin embargo, cuatro meses más tarde sí estuvo
sometido al escrutinio de los medios internacionales cuando ejerció como
emisario de alto nivel del gobierno de su país en la sesión de la Organización
de Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington, Estados Unidos, el 5 de
junio. En ella los cancilleres decidieron iniciar el procedimiento para
expulsar a Venezuela de la institución multilateral. El ministro votó en contra
de la sanción aprobada por 19 delegados que hicieron mayoría bajo la iniciativa
de Estados Unidos y de 12 países del denominado Grupo de Lima agrupados con el
objetivo de buscar salidas a la crisis venezolana. La mayoría decidió sancionar
a Venezuela por considerar que habían sido fraudulentas las elecciones
presidenciales celebradas dos semanas antes y en las cuales Maduro se reeligió
por seis años. En sus intervenciones, Gonsalves defendió el principio de no
injerencia en los asuntos internos de otros países para justificar su posición.
El gobierno de San Vicente y las Granadinas mantuvo su línea
de apoyo el 10 de enero de 2019 cuando el Consejo Permanente de la OEA acordó
también con 19 votos desconocer a Maduro como presidente para el nuevo período
que comenzaba ese día. En la resolución aprobada por la instancia se reiteró el
cuestionamiento a las elecciones que favorecieron al sucesor del fallecido Hugo
Chávez y se dejó constancia de la preocupación regional por el agravamiento de
la situación económica, social, política y humanitaria del país suramericano,
cuya crisis es vista como la peor de su historia y ha estado asociada a la
migración masiva de venezolanos. A contracorriente, la delegación sanvicentina,
votó por reconocer a Maduro y sumó a su gobierno a la lista de apenas seis del
continente que lo consideran legítimo.
El resultado de las sesiones no disimuló la influencia de la
diplomacia petrolera del socialismo venezolano para proteger a Maduro del total
aislamiento, aun en tiempos lejanos del boom de precios de los hidrocarburos y
de retroceso de la industria estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en su
capacidad de producir para los aliados. Un total de nueve países que han
recibido préstamos petroleros votaron en contra de las medidas o se abstuvieron
de rechazarlas pero también de aprobarlas, posición que no es siempre sinónimo
de neutralidad. La lista incluye a San Vicente y Granadinas, Dominica,
Nicaragua, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Suriname, Antigua y Barbuda,
Belice y Granada. La delegación haitiana que se abstuvo en la primera sesión,
en la segunda ocasión, como sorpresa, votó contra Maduro.
Diario Libre