“Muy urgente concretar plan con Nicaragua”, escribió Nicolás
Maduro, presidente de Venezuela, justo al lado de su firma aprobatoria. El
documento que rubricó el 23 de marzo de 2015 detallaba una oferta de
importaciones por 446,3 millones de dólares en carne de res, café, azúcar,
aceite de girasol, leche y frijoles negros a despacharse durante ese año desde
la nación centroamericana gobernada por su aliado Daniel Ortega.
Más de 300 millones de dólares estaban concentrados en los
tres primeros renglones, cotizados a precios que rebasaban referencias
internacionales o estaban entre los más altos presentadas en la historia
reciente de las exportaciones nicaragüenses. Ese lujo lo asumía el gobierno
venezolano a pesar de que entonces el mercado petrolero mundial del que
dependen sus finanzas y las del país ya había sufrido un desplome de 50 por
ciento.
Mientras Maduro culpaba a la guerra económica por la falta
de bienes y por la inflación que crecía como un tsunami, aprobaba la
adquisición de café verde a 243 dólares el quintal y de carne res a 5.690
dólares la tonelada, montos que superaban los mejores promedios de venta de
ambos rubros en 20 años, según cálculos basados en datos del Banco Central de
Nicaragua (BCN). El azúcar superaba en 65 por ciento la cotización de la bolsa
de Nueva York considerada referencial. “Se puede decir que en la mayor parte de
los productos había sobreprecios”, dice un catedrático experto en economía
agrícola y desarrollo local a quien se le pidió analizar la lista que fue
rubricada por Maduro.
El plan aprobado por el gobernante venezolano se materializó
en un contrato con cargo a recursos públicos que fue ejecutado por empresas
controladas por los gobiernos de ambos países. El negocio representó el
corolario de una serie de transacciones desde Nicaragua con destino a Venezuela
por aproximadamente 2.700 millones de dólares. Una operación que comenzó desde
mediados de 2008.
Todas las negociaciones se concretaron a través de un
sistema de compensación de deudas mediante el cual naciones centroamericanas y
caribeñas pagan con bienes parte de los suministros petroleros concedidos por
el gobierno venezolano en las condiciones de los acuerdos de cooperación
energética creados por el entonces presidente Hugo Chávez.
El abanico incluye a Petrocaribe, el programa estrella, y a
otros suscritos en el seno de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra
América (ALBA). La espina dorsal del entramado es la corporación estatal
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), empresa sobre la que llovió el maná petrolero
hasta julio de 2014, pero que hoy está cercada por las deudas, por los
escándalos de corrupción y de lavado de dinero y por el retroceso de la
capacidad de producción y refinación.
La investigación periodística del #Petrofraude revela que lo
ocurrido con el presupuesto y el contrato aprobado por Maduro en marzo 2015 no
fue un caso aislado. Este tipo de negociaciones es un ejemplo de un patrón de
sobrevaloración de precios identificado en un conjunto de operaciones de
compensación comercial que involucraron al menos a Nicaragua, Guyana, República
Dominicana y El Salvador, los cuatro países más beneficiados con el sistema de
compensación que Maduro propone en el presente como modelo para la creación de
una zona comercial regional.
Con base en documentos internos y rendiciones de cuenta de
la corporación petrolera, en peticiones de información pública, en estadísticas
de comercio internacional y en entrevistas a fuentes vinculadas con las
transacciones, #Petrofraude comprobó que millones de dólares de los venezolanos
fueron drenados en negocios cuyos términos impidieron que tuvieran acceso a
mayores cantidades de alimentos.
La paradoja no es solo porque los acuerdos energéticos eran
presentados como una referencia internacional de comercio justo ya que el
petróleo se entregaba con facilidades a los beneficiarios, sino por las
penurias actuales de una población que en los últimos cuatro años tuvo el mayor
aumento de casos desnutrición del continente, según datos de Naciones Unidas, y
que cerró 2018 con una inflación de 1.000.000 por ciento de acuerdo con
proyecciones del Fondo Monetario Internacional.
Diario Libre