Las diferentes gestiones gubernamentales dominicanas se han
acostumbrado a promulgar leyes para luego no cumplirla o hacerlo a medias. Tal
es el caso de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que
ordenaba, entre otras cosas, reformar el sector eléctrico y el fiscal en un
plazo determinado.
Pero ocho años después de haber sido promulgada todavía
algunos de sus artículos siguen siendo letra muerta, obviados por los últimos
tres períodos presidenciales. La legislación suponía cambios importantes, tanto
sociales como institucionales.
Sin embargo, la firma de los pactos Eléctrico y Fiscal
siguen su camino hacia la nada, pese a que el artículo 35 de la norma establece
que en un plazo no mayor de un año se arribaría a un acuerdo para reformar el
sector eléctrico y en un período no mayor a tres años, después de la
promulgación, se lograría el Fiscal.
A casi ocho años los dominicanos no tienen ni pacto Fiscal
ni Eléctrico, lográndose solamente el Educativo, que se rubricó en 2014,
después de un año de retraso. En su artículo 1, sobre temporalidad, la Ley
establece “la Estrategia Nacional de Desarrollo abarca el período de tiempo que
se inicia desde su promulgación (2012) hasta el 31 de diciembre de 2030”, lo
que indica que para alcanzar lo propuesto en dicha legislación restan 10 años.
El pasado febrero, el Consejo Económico y Social (CES),
órgano responsable de realizar las discusiones sobre las citadas reformas,
convocó a la firma del Pacto Eléctrico, pero el mismo fue pospuesto sin fecha
conocida desde entonces.
Para el director de Investigaciones del Centro Regional de
Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), Miguel Collado, la falta de
voluntad política es el principal obstáculo por el cual no se han logrado ambos
convenios, aunque consideró que no es necesario un acuerdo para mejorar el
sector eléctrico.
“Es importante que se sincerice el sector (eléctrico), que
se despolitice. Si se quiere hacer no es necesario llegar a un pacto, solo con
aplicar la Ley de Electricidad en lo que respecta a las licitaciones, que en un
momento se pararon, y la mejora de la administración de las EDE (empresas
distribuidoras)”, explicó Collado.
Afirmó que la politización del sector energético ha sido una
característica en los últimos años “y, en realidad, lo que hemos visto es la
falta de voluntad política para de mejorar las condiciones en ese sector”.
Sobre el acuerdo fiscal, el economista aseguró que el
gobierno que dirija el Estado a partir del próximo año le tocará hacer una
reforma en las finanzas públicas.
En tanto, Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de Economía de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), institución miembro del CES,
sostuvo que la no firma del pacto Eléctrico le ha restado “mucho” a la sociedad
dominicana, agregando que lo que ha faltado es decisión política por parte del
actor más importante: el Estado dominicano.
“Solo entre 2000 y 2018 las transferencias que hizo el
Gobierno al sector eléctrico sobrepasan los 15,200 millones de dólares. Yo creo
que todo eso se pudo haber evitado, o por lo menos una parte, a partir de la
firma del Pacto Eléctrico porque esto iba a traer una disciplina de los
actores, iba a establecer una planificación a largo plazo, tanto del sector
público como del privado”, explicó Ciriaco.
El artículo 36 de la Ley de Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030 consigna la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas
y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo
sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo en un plazo no
mayor de tres años.
Sobre el Pacto Fiscal, el economista señaló la sociedad y el
presidente que gobierne a partir del 2020 tendrá que hacer un gran pacto social
donde se reduzca el tamaño del Estado, se revise la calidad del gasto y se siga
combatiendo la evasión y elusión fiscal, pero una vez el nuevo gobierno genere
un proceso de legitimidad.
“Una de las debilidades que ha ocurrido en ambos pactos es
que el Estado ha dejado al sector privado y a los actores que conforman el CES
a que lleguen a un acuerdo y cada uno de esos sectores tiene intereses
disimiles. El Estado no quiere estar en contradicción con ninguno, entonces al
final eso no se aprueba”, declaró.
Diario Libre