El 29 de noviembre del presente año, Gaspar González,
presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Los Casabes, de Santo
Domingo Norte, declaró: “Los apagones están a la orden del día y de la noche
porque los cortes son a las ocho de la mañana, al mediodía, a las ocho de la
noche y en horas de la madrugada”. Mientras más pobre es una comunidad y más
pobre su gente, más se parecen los apagones a una epidemia bíblica. (FUENTE
EXTERNA)
El cinco de diciembre pasado, la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) emitió un comunicado de prensa en el que
informó que las empresas de distribución de energía, Edenorte, Edesur y Edeeste
formalizaron la cesión sus derechos sobre la Central Punta Catalina, para
facilitar su constitución como empresa generadora estatal
Desde la entrada en vigor de esa “formalización”, las
acciones de la Central Punta Catalina pertenecen en un 99.2% a la CDEEE, que
desde que entró en vigor plenamente la Ley No.100-13 que crea el Ministerio de
Energía y Minas, pasó a convertirse en “la administradora de todas las empresas
del sector energético donde el estado dominicano es propietario o socio
mayoritario”.
Un largo retraso institucional
Sin embargo, aunque podría ser un error por falta de la
actualización de la página web, a la fecha de hoy la CDEEE se presenta,
funcionalmente, “como órgano regulador de la generación, distribución y
transmisión de la energía eléctrica en la República Dominicana”.
Un rol que, si bien desempeñó hasta el pasado no muy lejano,
en el presente parece estar en conflicto con los mismos términos con los que la
Superintendencia de Electricidad define su misión institucional. En su página
dice que es: “Ente regulador del subsector eléctrico dominicano, que tiene la
obligación de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones
legales, reglamentarias, y la normativa técnica aplicables al subsector, en
relación con el desarrollo de las actividades de generación, transmisión,
distribución y comercialización de electricidad”.
Pero en su declaración del cinco de diciembre, la CDEEE se
presenta como lo que en desde hace unos meses se transformó: “La administradora
de todas las empresas del sector energético donde el Estado Dominicano es
propietario o socio mayoritario”.
Otra institución que ocupa la cima del organigrama
institucional del sector energía y minería, es el Ministerio de Energía y
Minas. En su misma ley fundacional, la 100-13, se le atribuye que en “su calidad
de órgano rector del sistema”, le corresponde la formulación, adopción,
seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes
generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y
sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas
natural y la minera.
Así, la definiciones de múltiples roles aparentemente
similares del sistema de energía eléctrica pasa a ser una gran galimatía,
expresión que es posible considerar acorde con la que es una historia de
décadas de apagones, pérdidas, deudas, inversiones fallidas, montos
inimaginables de subsidios, y muchas denuncias de corrupción y contradicciones.
En ese contexto, el sector está en ciernes de dar un paso
fundamental en un proyecto de generación, considerado trascendental, aunque muy
polémico, en la capacidad de generación y sostenibilidad financiera del sector
eléctrico.
El miércoles 4 de diciembre, las tres empresas estatales de
distribución de energía realizaron asambleas extraordinarias para ceder sus
acciones, en la Central Punta Catalina, a la CDEEE y al Fondo Patrimonial de
las Empresas Reformadas (Fomper).
Una operación que genera rechazos
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda
informó que la cesión se produce para facilitar la constitución de la sociedad
comercial Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTCP). Y revela que, para las
adquisiciones de acciones, para lo cual se realizó un aporte capital de US$622
millones, los adquirentes deberán asumir una deuda de US$1,750.9 millones, con
lo que se completaría los US$2,372.9 millones invertidos en esa central a
carbón.
En reacción a ese anuncio de Hacienda, el analista Juan
Llado, calificó la operación como “otro gran desatino”, y que enmascarando y
escondiendo costos, promete un impacto positivo en las finanzas públicas “aun
cuando se crea una importante deuda”.
Destacó en un artículo fechado el 9 de diciembre pasado, que
los adquirientes (que son estatales) asumirán una deuda de US$1,750.9 millones,
como parte de la operación de traspaso de las acciones, y que entonces tanto la
CDEEE como el Fomper “asumirían ese balance como una deuda con el Estado”.
Mientras que este 26 de diciembre, el ingeniero Antonio
Almonte, experto en temas de energía y director ejecutivo de la Comisión de
Energía del principal partido opositor, el Revolucionario Moderno, estima que
la verdadera inversión realizada por el Estado en la construcción de la Central
Punta Catalina es de más de US$3,000 millones, y “no US$2,500 millones, como ha
dicho el Ministerio de Hacienda”.
Afirmó que, de acuerdo a la propuesta de venta anunciado,
una vez compradas, la CDEEE venderá el 50% de sus acciones, por un precio de
US$308,5 millones, a un inversionista privado que “se quedaría con la
administración y control” de la central, que ya le ha constado al país más de
los 3,000 millones de dólares que estima.
Se recuerda que según declaraciones de Jaime Aristy Escuder,
administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, ofrecidas el jueves
19 de septiembre de este año, se estima que los beneficios de la Central Punta
Catalina sean de 240 millones de dólares al año.
Y agrega que el actual gobierno ha decidido que la
diferencia entre los 622 millones y los 2,500 millones, ascendente a 1,878
millones de dólares sea registrado como una deuda de la nueva sociedad privada
con el Estado dominicano, para ser pagada en 30 años.
El sector eléctrico, galimatías de hechos y palabras que
nacen de ambiciones e intereses políticos, y que generan dudas y oscuridad en
la iluminación eléctrica de todo un país.
Diario Libre