SANTO DOMINGO.-La compañía estadounidense Apache invertirá
US$85 millones en la investigación y perforación del bloque de hidrocarburos en
la cuenca marítima de San Pedro de Macorís.
Esta empresa, la primera en ganar una licitación para la
exploración de hidrocarburos en el país, tendrá un plazo de cuatro años para
realizar los estudios correspondientes y determinar si existe gas natural
explotable en esa área.
De ser así, esos empresarios invertirán US$500 millones
diarios para explotar ese recurso, señaló Antonío Isa Conde, ministro de
Energía y Minas.
El contrato con el que se hacen esas negociaciones se
realizó en régimen de producción compartida, que garantiza un 40% de los
beneficios obtenidos por la producción al Estado dominicano, indicó Isa Conde.
Precisó que también podrán ser cobrados con “especie” o sea el Estado puede
solicitar a la empresa Apache pagar con gas natural.
En ese sentido, el funcionario resaltó que aunque haya una
línea de hidrocarburos eso no garantiza que sea explotable, pero fue enfático
en señalar que una empresa de experiencia en esa área no se arriesgaría a
invertir en esa zona si no existiera potencial.
Isa Conde habló al participar en el Almuerzo Semanal del
Grupo de Comunicaciones Corripio junto al viceministro de Hidrocarburos,
Alberto Reyes, y el viceministro de energía Ernesto Vilalta.
Reyes explicó que las negociaciones entre la empresa y el
Estado establecen que las infraestructuras que se realicen para obtener gas
natural y los bienes naturales serán propiedad del Estado dominicano.
Dijo que en el primer trimestre del año 2020 efectuarán las
próximas subastas de los bloques de hidrocarburos restantes.
Fondo con fidecomiso
Para manejar las ganancias que se obtengan de la explotación
de recursos mineros o de hidrocarburos, el Ministerio de Energía y Minas
elaboró un anteproyecto de ley titulado “Sistema de gestión de la renta
minera”, para la administración de las riquezas que provengan de los recursos
no renovables, reveló Isa Conde.
“Las riquezas que provienen de los recursos renovables no se
pueden manejar al antojo de los gobiernos de turno”, enfatizó el también
presidente de la Organización Latinoamericana de Energía.
Los recursos no serán manejados por el Gobierno ni los
ayuntamientos, sino sobre la bases de un programa de desarrollo, explicó Isa
Conde, al destacar que ese anteproyecto de ley tiene entre tres y cuatro meses
siendo estudiado por el Poder Ejecutivo y los ministerios de Hacienda y de
Economía, Planificación y Desarrollo.
“Lo que queremos es transformar la renta que producen los
recursos no renovables para que se genere desarrollo”, dijo.
El fondo será dividido en tres parte: la primera es para
manejar la propuesta que haga el Estado y la segunda para los ayuntamientos y
las comunidades. Ambas deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía Planificación
y desarrollo.
La tercera es para crear un fondo de reserva para cuando
bajen los precios del oro o el petróleo haya suficientes recursos para concluir
las obras en proceso.
Rector del sector
El Ministerio de Energía y Minas, como órgano rector del
sector eléctrico, ha logrado que los contratos de energía no sean de grado a
grado, sino en base de licitación, indicó.
Señaló que trabajan para romper el paradigma de que las
empresas eléctricas son un botín político y que la energía eléctrica es una
mercancía política.
Al referirse a la exploración de la mina de San Juan, el
funcionario expresó que ese proyecto está paralizado, ya que no se ha realizado
el estudio ambiental ni ha llegado al Ministerio de Medio Ambiente.
Explicó que luego que la comunidad rechazara el proyecto de
exploración de oro en una mina subterránea que se presentó en 2017, el Gobierno
no envió el proyecto a Medio Ambiente, órgano que autorizaría el estudio
ambiental.
“A esta empresa debió permitírsele que realizara los
estudios ambientales, después de haber invertido 64 millones de dólares y
pasado la primera está en ese Ministerio”, manifestó.
Al referirse a los resultados de la prueba PISA, lamentó que
el sistema educativo presente esos niveles y destacó que requiere una
transformación que se tomará 25 años.
El Día