El sector eléctrico no pasó la prueba planteada para este
2016. La firma del pacto eléctrico se ha convertido en la historia de nunca
acabar, mientras se señala al Gobierno como el
mayor responsable en el estancamiento del proceso.
Durante este año, los
actores involucrados en el proceso de debate del pacto eléctrico, consignado en
la Estrategia nacional de Desarrollo (END), no lograron avanzar hacia la meta,
quedándose estancados en temas como la definición de la tarifa eléctrica. La
directora ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES), Iraima Capriles, fue
categórica al afirmar que el Gobierno debe fijar su posición para abrir la
posibilidad de la concertación o consenso. Lo real es que este pacto, que debió
ser firmado en julio del 2015, se encuentra en agonía a la espera de una
decisión.
Claro, que el pacto no es el único tema pendiente en el
sector, el 2016 estuvo preñado de nuevos cuestionamientos sobre el
financiamiento de la construcción de las plantas a carbón en Punta Catalina, y
fueron evidentes las múltiples dificultades que han sorteado las autoridades
gubernamentales para ubicar los recursos que garanticen su terminación.
Muchos críticos del sector se han preguntando públicamente
si el Gobierno está siendo transparente con el costo real de esta planta que
procurará integrar al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) unos 720
nuevos megavatios de energía eléctrica.
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
(CDEEE) se mantuvo firme en la concreción del proyecto Punta Catalina con la
postura de que el Estado tiene que terminar y administrar las plantas, que para
el 2018 entrarían en funcionamiento y su valor alcanzaría los US$2,600
millones.
A principio de octubre, el presidente de la República,
Danilo Medina, anunció la decisión de vender acciones en este proyecto por
US$1,000 millones, lo que abrió la oportunidad al sector privado de ser parte
de este proyecto, pero dejó claro que se buscaba un “socio minoritario” y que
mantendría la mayoría de las acciones (51%), en su poder. Las expectativas ha
sido que esa planta, una vez entre en operación, juegue un rol relevante en el
mercado de compra y venta de energía eléctrica.
Otro de los temas que estuvo en la palestra del 2016, fue la
renegociación de los contratos de compra y venta de energía (Acuerdos de
Madrid). A mediado de agosto, la CDEEE convocó a licitación pública
internacional e informó que los nuevos contratos tendrían una duración de dos a
tres años. Luego de esto, nada se ha dicho sobre el proceso de licitación.
Algunos avances
Aunque han sido pocos lo avances en el sector, se podría
destacar lo alcanzado en materia de distribución de energía, a través del apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y las inversiones del sector
privado en proyectos de energía renovable.
La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE)
destaca como uno de los logros más importantes el aumento de la presencia de
las energías renovables en la matriz energética.
Indica que en este año se inauguraron los proyectos de
Larimar de la empresa Egehaina, el cual aportará 49.5 MW en energía eólica.
Asimismo señala la inauguración de
la planta de San Pedro Bioenergy, con un aporte de 30 MW de energía en base a
generación con biomasa y el parque de energía solar de Monte Plata con una
capacidad de 30 MW.
La ADIE resalta que en este 2016 ingresaron en capacidad
instalada 110 MW.
FALTA DE CLARIDAD
Para el economista y experto en el tema eléctrico Edwin
Croes, el sector eléctrico se encuentra estancado dentro de la grave situación
que lo ha caracterizado en los últimos años y la falta de transparencia sigue
siendo el factor más dañino que se mantiene en el ámbito del problema
eléctrico. Croes afirma que el Gobierno sigue tomando acciones sin dar
explicación.
PRÉSTAMOS POR BONOS
Ante las dificultades con el Banco Nacional de
Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) por el escándalo de la empresa
Odebrech, el Gobierno solicitó al Senado cambiar el financiamiento al proyecto
termoeléctrico Punta Catalina y le pidió autorizar al Ministerio de Hacienda la
emisión de bonos por US$656,878, para concluir la obra. A opinión de Edwin
Croes eso da espacio para un manejo menos transparente.
NO EXISTE COMPETENCIA
La falta de competencia del sector público para resolver el
problema eléctrico es uno de los factores que define Edwin Croes que mantienen
estancada las medidas que se deben tomar para canalizar acciones que se
encaminen hacia las soluciones definitivas.
El economista cuestiona que a pesar de los cientos de
millones de dólares aportados por el BID, las pérdidas en la distribución
crecieron tres puntos decimales.