El costo inicial de Punta Catalina era de US$1945 MM. El
ministro de Hacienda dijo el 18 de marzo que será por US$2,440 MM, y Antonio
Almonte, del PRM, estima que alcanzará los US$3,322 millones.
El Consulado General de la República Dominicana en Nueva
York redistribuyó este miércoles un comunicado de prensa en que destaca “La
solución definitiva de todas las controversias existentes hasta la fecha” con
el Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella.
Según el comunicado, esa solución se alcanzó tras arribarse
a un acuerdo que “logró reducir” a US$395 millones el monto reclamado por el
Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella, como pago adicional para la
construcción de la Termoeléctrica Central Punta Catalina.
El comunicado de prensa es distribuido a nombre y por
encargo de ese consulado, por la firma Rubenstein Public Relations, de Nueva
York, que es donde se destaca que mediante el pacto se alcanza “la solución
definitiva de todas las controversias existentes hasta la fecha”.
Al finalizar el 2019, la deuda del sector público no
financiero ascendió a US$35,942.5 millones, superior en US$1,714.6 al monto
estimado a septiembre del mismo año. Un crecimiento de 5% en tres meses.
Pero el 17 de marzo del presente año, fecha de la primera
distribución del comunicado, a ese monto de la deuda se le sumaron otros US$395
millones, sin el país recibir nada a cambio, y en medio de la pandemia del
COVID-19, para lo que el país necesitará todos sus recursos para combatirla.
Para ese día la curva de devastación del COVID-19 iniciaba
su ascenso exponencial, que hasta el miércoles pasado ha llevado a que los
contagios contabilizados y confirmados en el país asciendan 2,111 personas,
mientras que las muertes alcancen las 108. Y ambos conteos siguen creciendo día
a día como una apisonadora que amenaza y marchita a la vida humana, al sistema
de salud y a la economía.
EL COVID-19 Y LA ECONOMÍA
Por efecto de la pandemia, 39,547 empresas en República
Dominicana han solicitado la suspensión de los contratos de trabajos de sus
empleados, y eso sigue creciendo. Y por la misma razón, antes se suspendieron
las operaciones de los hoteles turísticos por efecto del cierre de las
fronteras del país por aire, mar y tierra, por cauda de la pandemia.
Y en medio de una crisis económica nacional y global, sin
parangón en la Historia Universal, caen las recaudaciones fiscales del Estado
dominicano como resultado de la parálisis económica, y cuando más se necesitan
para impulsar políticas anticíclicas.
En el texto del comunicado del Consulado Dominicano se
recuerda que ese acuerdo se alcanzó a través de mediación internacional en la
ciudad de Nueva York, de conformidad con las reglas de Mediación de la Cámara
de Comercio Internacional (ICC), que tuvo lugar en varias sesiones celebradas
entre los meses de enero y marzo de 2020.
Desde Nueva York, una ciudad devastada por el COVID-19, con
más de 138,800 contagios confirmados, y con un conteo de muertes contabilizadas
de 5,489 personas, también hasta el miércoles pasado, según medios
internacionales.
Y desde esa ciudad estadounidense, el Consulado General de
la República Dominicana explica en su comunicado que de los US$395,5 millones
acordados con Odebrecht para “resolver dichas disputas”, el Gobierno dominicano
sólo estará obligado a desembolsar US$59.5 millones.
EL FONDO CONTIGENTE
Esto es así, según el Consulado, porque existe un fondo
contingente de US$336 millones, creado en junio de 2018 “para asegurar la
continuación de las obras”, el cual se acreditará al pago de la cantidad total
de US$395.5 millones acordada.
En otras palabras, aparentemente, el Consulado no califica
el cobro de US$336 millones como un “desembolso” que debe hacer el país, y, por
tanto, también aparentemente, ni como un costo.
Pero según la Real Academia de la Lengua Española, un
desembolso consiste en la “acción de pagar o entregar una cantidad de dinero,
generalmente en efectivo y al contado”.
Y el dinero sale de los contribuyentes dominicanos, aunque
la Real Academia no lo incluya literalmente en su definición de “desembolso”,
porque por evidente y particular, no es necesario.
Esto significa que “desembolsado” o no, por efecto de ese
acuerdo, el país pagará 395.5 millones de dólares, de la siguiente manera:
inmediatamente los US$336 millones del Fondo Contingente, “que se creó
originalmente en junio de 2018 para asegurar la continuación de las obras”, y
que estaba sujeto a la resolución de la disputa.
Los restantes US$59.5 millones gradualmente, “en la medida
en que el Consorcio complete, dentro de ciertos plazos, las obras restantes a
las que dicho pago haya sido objeto, incluida la realización con éxito de las
pruebas necesarias para poner en funcionamiento final la Unidad 2 de la Central
Punta Catalina”.
En el comunicado de prensa se promete que ese acuerdo
permitirá al Gobierno dominicano aprovechar el máximo potencial de generación
de las dos unidades generadoras de energía del CTPC, que representan entre el
30% y el 35% de la demanda suministrada a través del Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado (SENI).
Y se afirma que, durante su fase de pruebas, la Central
Punta Catalina ha facturado 163 millones de dólares, a precios muy inferiores a
los precios del mercado al contado.
Entre enero y febrero del presente año, el total de
inyecciones de energía de la unidad número uno de la Central Punta Catalina fue
de 222.7 MWh. Mientras que la de la unidad número dos fue de 39.2 MWh, según el
informe mensual de Transacciones Económicas que publica el Organismo
Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado de la República Dominicana
(SENI).
El 7 de mayo de 2018, Participación Ciudadana, que es el
capítulo dominicano de Transparencia Internacional, presentó el documento
titulado “Odebrecht-Punta Catalina: Más Corrupción Impune”.
En ese informe se destaca que dentro de los proyectos
adjudicados a la empresa Odebrecht en República Dominicana, la Termoeléctrica
Punta Catalina es el de mayor envergadura, tanto por la magnitud de la
inversión pública envuelta en el mismo, como por el significado político que le
ha asignado el presente Gobierno, y en cuanto a las promesas sobre su
contribución a la solución del problema eléctrico del país.
OTRO SOBRECOSTO, PERO NO EL ÚLTIMO
El 18 de marzo, el ministro de Hacienda, Donald Guerrero,
declaró en una rueda de prensa en el Banco Central, que tras un acuerdo entre
el consorcio que construye la central eléctrica y el gobierno dominicano, el
costo quedó en 2,440 millones de dólares, lo que incluye los US$395 millones.
Eso representa un incremento de US$495 millones, con relación al precio del
contrato. Un 25.4% más.
Mientras que Antonio Almonte, Ingeniero nuclear y director
de la Comisión Nacional de Energía del Partido Revolucionario Moderno, estima
que los US$395.5 millones que debe pagar el país, solo viene a completar la
suma de 823.4 millones de dólares, “que es el sobrecosto total pagado a
Odebrecht adicional a los 1,945 millones contratados originalmente”.
Y estima que la Central les costará a los contribuyentes
dominicanos un total mínimo de US$3,322 millones, al agregársele las
inversiones “hechas directamente por la CDEEE en Punta Catalina, al margen del
contrato con Odebrecht”.
Dice un conocido refrán que “en el reino de los ciegos el
tuerto es rey”. Y en un proyecto financiado con fondos públicos, donde la
virtud de la información veraz y oportuna escasea, Almonte realiza sus
estimaciones que, de confirmarse, representaría un sobrecosto de US$1,377
millones, equivalente al 78.7% del monto contratado para la construcción de la
Central de Punta Catalina.
Diario Libre