Su construcción se inició el 15 de diciembre de 2013, luego
de que el presidente Danilo Medina diera el primer picazo, con la promesa de
que tres años y ocho meses después las dos plantas de la central termoeléctrica
Punta Catalina comenzarían a generar 752 megavatios y entrarían en operación
comercial entre agosto y octubre de 2017.
Tras una licitación ganada por el consorcio
Odebrecht-Tecnimont-Estrella el 15 de noviembre de 2013, la cual estaría varios
años después envuelta en un escándalo de sobornos, la central eléctrica estatal
comenzó a levantarse en la provincia Peravia, con la garantía de que permitiría
ahorros al Gobierno por US$500 millones al año.
El Gobierno comenzó la construcción de la obra bajo ataques
de corrupción en el proceso de licitación, procedimientos judiciales por parte
de una de las empresas que participó del concurso y de acusaciones de que la
misma provocaría más contaminación por el tipo de combustible que usaría para
la generación: el carbón.
El valor contractual de Punta Catalina, la cual representa
la iluminación de 2.9 millones de hogares, según la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), inició en US$1,945 millones, pero
terminó en US$2,340.5 millones, recursos que fueron fluyendo a través de
diversos préstamos.
La operación Lava
Jato
En 2016 el vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez
Bichara, admitía retrasos en la obra, producto de “situaciones internas” que
tenía Odebrecht en Brasil, su país de origen, donde estaba bajo el centro de
una investigación por sobornos y corrupción que meses más tarde involucraría a
República Dominicana.
Semanas después, en octubre del mismo año, el Gobierno
anunciaba que pondría a la venta acciones en la termoeléctrica, interés que aún
mantiene el Ejecutivo, aunque el ministro de Hacienda, Donald Guerrero,
reconoció que le tocará al próximo gobierno.
El 2017 entraba con más informaciones de la “operación Lava
Jato”, que se realizaba en Brasil a Odebrecht, y que comenzaba a afectar a la
constructora y sus obras en varios países de América Latina, incluyendo
República Dominicana.
El presidente Medina creó una comisión a inicios de enero
para que investigara todo lo relacionado a la construcción de la obra, misma
que se incluiría en la acusación inicial del Ministerio Público dominicano,
pero que fuera sacada del expediente días después.
Todo el 2017 la obra estuvo en el centro del escándalo
judicial y mediático y de solicitudes de la oposición para que se investigara
al presidente Medina.
Para mediados de ese año también el vicepresidente de la
CDEEE comunicaba que para diciembre de 2018 ambas plantas estarían inyectando
energía al Sistema Nacional Eléctrico Interconectado (SENI), sin embargo, no
ocurrió así.
“El Gobierno dominicano ha invertido más de US$1,600
millones y no piensa pagar más de lo establecido en el contrato (por la obra)”,
sentenció Bichara en agosto de 2017, luego de que Odebrecht reclamara más
dinero para concluir las plantas.
Tanto el Estado dominicano como la empresa estuvieron
envueltas en un proceso de arbitraje, que terminó en una negociación entre las
partes, donde el 17 de marzo del 2020 el Gobierno pagó la suma de US$395.5
millones al consorcio, como pago adicional por la construcción de Punta
Catalina.
Encendido de la
primera unidad
Luego de un proceso de licitación para la compra del carbón
que se utilizaría para iniciar las pruebas de la planta uno, finalmente, en
octubre de 2018, el presidente Medina realizó el encendido.
Nueva vez, en noviembre de 2018, se anunciaba otra fecha
para la entrada al SENI de la central: “para el primer trimestre (de 2019)
estará operando la primera unidad y para el primer semestre estarán las dos,
aportando 686 megavatios netos”, declaraba en ese momento Jiménez Bichara.
Fue el 27 de febrero del año pasado cuando Punta Catalina
inyectó los primeros 36.5 megavatios al SENI, logrando el 9 de abril del mismo
año superar los 300 megavatios de generación.
Pero días después, el 17 de abril, la planta volvía a la
palestra por una información negativa: los empleados pararon la construcción,
tomaron la sala de control, apagaron la unidad uno y cerraron los accesos a la
obra, en demanda del pago de bonificaciones.
El 11 de octubre de 2019, luego de más de dos años de
retraso, el mandatario ponía en prueba la unidad dos de la central
termoeléctrica.
Finalmente, el pasado viernes la CDEEE recibió de parte del
consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella la unidad dos de Punta Catalina. Ambas
unidades continúan en fase de prueba y su entrada comercial al sistema aún está
por determinarse.
La suspensión de las
inauguraciones
La central termoeléctrica Punta Catalina parecería estar
destinada a iniciar sus operaciones comerciales sin la debida fanfarria
acostumbrada que se estila para poner en funcionamiento este tipo de obras.
La inauguración de la obra más costosa hecha por la actual
gestión presidencial ha sido suspendida en dos ocasiones. La primera, que
estaba supuesta para celebrarse el 20 de febrero, debió ser pospuesta para
cumplir con los mandatos de la Ley Electoral, que prohíbe las inauguraciones
durante las campañas.
En tanto, la segunda inauguración, que estaba programada
para el martes 17 de marzo, tuvo que suspenderse como parte de las medidas
preventivas para evitar la propagación del coronavirus.
Diario Libre