Punta Catalina (PC) es una planta de generación de energía
eléctrica a partir del carbón mineral. Se espera que cuando entre al sistema
aporte un máximo de 752 megavatios. Ubicada en la zona de la provincia Peravia
que le da el nombre, el proyecto consta de su propio puerto para recibir el
carbón mineral, desde donde se transporta a un gran almacén techado. Consta de
dos generadores de 376 megavatios cada uno, arropados en una infraestructura
imponente que busca maximizar la eficiencia en la generación eléctrica y el
cuidado en extremo al medio ambiente.
Punta Catalina es un proyecto del tipo llave en mano, con
una inversión total es de US$1,945 millones. Hay en disputa un monto de US$386
millones, que en caso de ser ganada subiría a US$2,331 millones. Ya aquí
tenemos el primer dato: PC es el proyecto de infraestructura de mayor inversión
jamás realizado en República Dominicana desde la fundación de esta nación el 27
de febrero de 1844, ya sea por el Estado, el sector privado o ambos combinados.
La inversión es superior a las dos líneas del Metro de Santo
Domingo juntas, el Teleférico, el corredor 27 de Febrero y Kennedy (túneles y
elevados), la presa Jigüey-Aguacate, Puerto Multimodal Caucedo, el puente Juan
Bosch y el Duarte juntos….siga usted buscando en la historia.
Impacto económico
Se estima que Punta Catalina producirá un flujo de caja
positivo al Gobierno por un monto de US$450 millones anuales. Este monto viene
de dos fuentes. Primero el EBTDA (Beneficios antes de impuestos, depreciación y
amortización – por sus siglas en inglés) de Punta Catalina estimado en US$250
millones anuales. Hay que recordar que PC es una empresa que generará
beneficios como cualquier otra, a partir de ingresos, menos costos y gastos.
Los US$200 millones restantes se obtendrán de los ahorros de
las distribuidoras de electricidad al poder comprar energía más barata gracias
a los 752 megavatios que aportará Punta Catalina en base a carbón, que
sustituirán igual cantidad de la fuente más cara: fuel oil.
Desde el punto de vista macroeconómico, los US$450 millones
anuales equivalen entre 0.4% a 0.5% del PIB nacional. Este ahorro se espera
reduzca el déficit del sector eléctrico, que es actualmente el 1.4 del PIB, a
un nivel estimado entre 0.9% a 1%. Esto a su vez reducirá el déficit del sector
público en un 20%, de 2.6% a 2.1%. Otro aspecto muy interesante es el buen
manejo sustentable del proyecto, donde la variable más importante, aunque no la
única, consiste en el control de la calidad de aire, pues el proceso de
producción de energía a partir de carbón mineral libera una serie de sustancias
en el entorno que deben ser controladas.
Punta Catalina ha logrado superar, en las pruebas
realizadas, todos los estándares dominicanos y los del IFC (división del Banco
Mundial) en relación a la cantidad permitida de Óxido Nitroso, Dióxido de
Azufre, material particulado (todo el proceso de descarga y almacenaje del
carbón se hace bajo techo) y Dióxido de Carbono. Otras características del
proyecto son:
a) La capacidad de almacenaje de carbón, para un total de un
mes. El puerto puede recibir dos barcos al mismo tiempo.
b) La planta tiene una vida útil de 40 años, por lo que se
puede inferir que el ROI en años estimado es de 1,945+386 /250=7.78+1.54, para
9.32 años en el peor escenario. Es 1 decir, que la inversión se recuperaría con
apenas 23% del ciclo de vida agotado.
c) Posibilidad de expansión a dos generadores más, para una
generación potencial de 1,504.00 megavatios.
Tómese en cuenta que parte de la infraestructura existente,
como el puerto, sistema de descarga y almacenaje del carbón ya existe, lo que
haría una posible ampliación más retornable y bancable. Las posibilidades luego
de este recorrido financiero y sustentable de Punta Catalina surge la gran pregunta:
¿Qué va a hacer el Estado con el flujo de caja positivo de US$450 millones
anuales? La respuesta sale del ámbito de este artículo, pues el uso de este
monto es una decisión de política de Estado.
Lo cierto es que Punta Catalina está provocando un efecto
disruptivo en el “mercado eléctrico mayorista o MEM” (Superintendencia de
Electricidad-SIE, 2019) porque su inminente entrada, aportando energía a bajo
costo, ha hecho que los demás participantes cambien la fórmula de beneficios de
su modelo de negocios (Johnson, 2018). Por eso vemos como AES, CESPM, EGE
Haina, y Barrick Pueblo Viejo estratégicamente han iniciado la conversión de
750 megavatios a gas natural licuado, con un impacto de US$600 millones en
ahorros. Esto, sumado a los US$450 millones anteriores, nos arroja un total
estimado de US$1,050 millones anuales de flujo de caja positivo para el Estado.
Por otro lado, Punta Catalina está impulsando a que toda
nueva inversión en generación eléctrica sea de fuentes renovables: solar y
eólica, porque su costo variable de despacho es inferior al carbón y gas
natural. De acuerdo a la CNE, fueron agregados 257.3 megavatios de capacidad de
fuentes renovables en 2019. La capacidad total instalada para 2020, incluyendo
PC, sería de 4,850 megas, un 18% de crecimiento con respecto al 2019.
Así que en el MEM, por el impacto directo e indirecto de
Punta Catalina, están pasando dos cosas buenas al mismo tiempo: aumento de la
capacidad instalada y la disminución del costo variable de generación por la
eficientización de la matriz de generación. Aquí ya tenemos la primera
posibilidad: el aumento del números de circuitos 24 horas porque las Edes
podrán comprar con el mismo dinero más energía. Por eso, lógicamente, las
autoridades anuncian la reducción drástica de los apagones. En el otro extremo
de la industria eléctrica dominicana, en el “mercado eléctrico minorista o
MEMI” (SIE, 2019), está pasando muy poco, es decir, la demanda apenas crece un
3% promedio anual (ADIE, 2019).
En el medio del MEM y el MEMI, sirviendo de enlace, está
todo el sistema de distribución, bajo control estatal (CDEEE-ETED). Aquí ya se
han anunciado inversiones importantes, con el objetivo lógico, ante una mayor
capacidad de generación, de disminuir las pérdidas (otra variable a tomar en
cuenta) y sanear las redes, porque las viejas redes de media y baja tensión no
están preparadas para suplir 24 horas/365 días al año.
Así que, por lo arriba expuesto surge la siguiente
posibilidad que genera Punta Catalina, valga la osadía: bajar el precio la energía,
para estimular el consumo y poder aprovechar mejor la capacidad instalada, o de
lo contrario las inversiones hechas en el MEM serán menos retornables y
bancables, pues aunque todas las empresas generadoras tengan un costo variable
de generación similar, la baja tasa de crecimiento del consumo, aun suponiendo
que todos los circuitos fueran 24 horas, sugiere que quedarán fuera 2,000
megavatios, aproximadamente de capacidad instalada cada hora.
La mala noticia es que el precio del KW/h en el MEMI no se
rige por el libre juego de oferta y demanda, sino por políticas de Estado. La
buena noticia es que precisamente el Estado contará con un flujo positivo de
caja, y pudiera transferir “parte” del mismo para bajar el precio del fluido
eléctrico, porque a nuestro juicio, la génesis de todos los problemas de la
industria eléctrica, y por ende, la solución a mediano y largo plazo del
llamado “problema eléctrico” dominicano, radica en el histórico-irracional
precio del kw/h.
En resumen, Punta Catalina está provocando, por primera vez
en varias décadas, la posibilidad de una espiral virtuosa en la industria
eléctrica nacional que pudiera iniciar por la reducción del precio de la
electricidad, esto a su vez aumenta el consumo y desestimula el robo de
energía, lo que provoca nuevas inversiones de la capacidad de generación
altamente eficientes (renovables, gas natural y carbón ), para luego volver a
provocar una nueva brecha oferta- demanda que presione el precio a la baja,
hasta llegar a un punto de equilibrio de forma paulatina.
A lo largo del ciclo, el Estado pierde parte del flujo de
caja en el corto plazo, lo recupera a mediano plazo, y lo aumenta a largo
plazo. Todos los grupos de interés salen impactados positivamente, a saber:
Pymes, grandes empresas, consumidores domésticos, las empresas generadoras, el
Estado y los intereses extranjeros en nuestro país, especialmente en zonas
francas y turismo.
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