Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- El Gobierno
decidió suspender la firma del Pacto Eléctrico, programada para hoy, miércoles
20 de febrero, en el Palacio Nacional, horas después de que el Partido
Revolucionario Moderno (PRM) condicionara su participación en ese acto, a que
las autoridades acogieran una serie de medidas que recomendara.
La convocatoria para la firma del Pacto Eléctrico fue
realizada este lunes por el Consejo Económico y Social (CES), que preside
monseñor Agripino Núñez Collado.
Las autoridades no dieron a conocer las razones por las que
suspendía la firma del pacto, ni tampoco reveló una nueva fecha para hacerlo.
Horas antes de conocerse la decisión oficial, el PRM acusó
al Gobierno de violar “flagrantemente” la legislación y la normativa del sector
eléctrico con el decreto 62-18, del 21 de agosto de 2018, mediante el cual el
presidente de la República otorgó poder especial al vicepresidente de la CDEEE
para suscribir contratos de compra de energía, “grado a grado en abierta
violación” a la Ley General de Electricidad.
“Deseamos soluciones que perduren en el tiempo y estamos en
la disposición de participar de cualquier reunión que se convoque con el
objetivo antes indicado y que el Gobierno estudie seriamente las
recomendaciones presentadas por nuestro partido y que no tienen otro fin que
mejorar, de una vez y por todas, el grave problema energético que aqueja a la
República Dominicana en beneficio de toda la población”, acotó la organización.EFE
La posición del PRM
El Partido
Revolucionario Moderno (PRM) condicionó su presencia en el acto de firma del
Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico (Pacto Eléctrico), que se
había convocado para hoy, a que el Gobierno diera acogida a 10 puntos que
planteó en un documento dado a conocer este martes.
La organización opositora solicitó que se respete la Ley
General de Electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la
viole, así como realizar una reestructuración del consejo de administración de
la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y fusionar
las tres distribuidoras en una.
Asimismo, que se asuma el compromiso “en firme” en dicho
pacto de eliminar, en un plazo no superior a 18 meses, el problema de los
apagones en todos los sectores del país, y que se realicen las auditorías de
lugar a las distribuidoras, que desde el año 2012 no han sido realizadas,
apuntó.
También, aplicar un programa de reducción de gastos en las
distribuidoras y llevarlo a un tope de un 10 % sobre sus ingresos, tal como
recomiendan diversas firmas internacionales y establecer un programa de
licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminar
contratos grado a grado.
El PRM también pide aplicar un sistema de tarifa social
transparente acorde con la población de más bajos recursos o población
vulnerable, y comprometerse a no realizar aumento de tarifas hasta tanto las
distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10 % de sus
ingresos.
El PRM también solicita que se transparente el proceso de
ejecución de Punta Catalina a través de una empresa de auditoría independiente
y que se realice una licitación transparente para determinar el precio de la
energía al que venderá dicha central, además de que se permita a la oposición,
al sector social y a los representantes de los consumidores, dar seguimiento al
pacto.
“En tal sentido, reiteramos y supeditamos nuestra presencia
a la firma de cualquier pacto a esas consideraciones y al hecho de que se tenga
la finalidad real de solucionar los graves problemas de este sector en
beneficio del país y de la mayoría de la ciudadanía que sufre día tras día el
escaso y caro servicio de energía”, dijo el PRM.
El principal partido opositor acusó al Gobierno de violar
“flagrantemente” la legislación y la normativa del sector eléctrico con el
decreto 62-18, del 21 de agosto de 2018, mediante el cual el presidente de la
República otorgó poder especial al vicepresidente de la CDEEE para suscribir
contratos de compra de energía, “grado a grado en abierta violación” a la Ley
General de Electricidad.
“Deseamos soluciones que perduren en el tiempo y estamos en
la disposición de participar de cualquier reunión que se convoque con el
objetivo antes indicado y que el Gobierno estudie seriamente las
recomendaciones presentadas por nuestro partido y que no tienen otro fin que
mejorar, de una vez y por todas, el grave problema energético que aqueja a la
República Dominicana en beneficio de toda la población”, acotó la
organización.EFE
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